«El aprendizaje está asegurado, pero el catalán está perdiendo cuota social»

Referente por su modelo de inmersión lingüística, el Servicio de Educación catalán aborda con éxito cuestiones como la segregación y la innovación en medio de una campaña de denuncias que tensionan a la comunidad educativa. Lo ha narrado Núria Mora en una visita reciente invitada por EH Bildu.

La lengua, eje de todo sistema educativo, está siendo utilizada para intentar tensionar a la comunidad a través de la imposición del 25% de castellano. ¿Cómo se está viviendo en la comunidad educativa?

Tenemos dos realidades. Hay centros sobre los cuales recae propiamente la sentencia; es decir, familias que han pedido que en el aula de su hijo se aplique el 25%. Un juez ha acabado diciendo que sí y, por lo tanto, en aquella escuela donde la lengua de uso habitual es el catalán, nos encontramos en un aula con un grupo que hace el 25% en lengua castellana. Por lo tanto, la Inspección acompaña al centro y decide qué asignaturas son las que hacen en castellano. Esta es la realidad de los centros sobre los cuales hay sentencia.

Venimos de un histórico de unas aproximadamente 90 sentencias que se han venido dictando en esta línea hasta el curso pasado, que recibimos la sentencia del 25% sobre todo el sistema educativo. Aquí sí que hubo un gran consenso social para salvar el proyecto de inmersión de Catalunya. Se hizo un decreto ley y una ley que protegía de la aplicación de porcentajes. Por lo tanto, actualmente ningún centro está aplicando el 25% excepto los que tienen sentencias sobre la dirección para que un alumno reciba el 25% en esa aula.

Es cierto que la lengua nunca ha sido un problema en Catalunya hasta que estas familias han tensionado el sistema, de forma que acaban poniendo a la dirección del centro en la dicotomía de aplicar el 25% para un solo alumno o que prevalezca el derecho a la educación del resto dentro del proyecto educativo que las familias escogieron, que es el proyecto del centro y que se vehiculiza en lengua catalana, que es la de uso habitual. Quien acaba sufriendo la situación es el centro por algo que no había sido problema.

A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, diferentes estamentos judiciales siguen interviniendo en torno a los porcentajes de uso del castellano, obviando los proyectos educativos de los centros. ¿Qué herramientas tiene la Generalitat para proteger esos proyectos educativos?

Lo que podemos hacer es acompañar a los centros en cómo deben ser sus proyectos lingüísticos; es decir, el proyecto lingüístico tiene que dar respuesta a dos realidades. Una es qué resultados tienen los alumnos a la salida, porque la ley educatica nos lo dice, porque la LOMLOE nos lo dice. Lo que tenemos que garantizar dentro del sistema educativo es que los alumnos salgan con un buen nivel de catalán y de español. ¿Cuál es la situación? Un juez decide sobre una familia, un alumno, dar respuesta a una demanda individual; por lo tanto, en este grupo se tiene que hacer así. ¿Qué le decimos nosotros al centro? Dando respuesta a que tus alumnos salgan con un buen nivel de catalán y de español, y de otra lengua extranjera, si el contexto social requiere que tú hagas más docencia en catalán o en español porque no hay presencia de esta lengua, puedes justificar que haces alguna asignatura.

¿Cuál es la realidad en Catalunya? En todos los centros los niños hablan de forma habitual en una parte curricular en catalán. En Primaria sobre todo, en Secundaria menos. La realidad es que en el recreo, en el comedor, en el patio, en la extraescolar... en su lengua habitual cada vez impera más la lengua castellana. Por lo tanto, de lo que estamos hablando no es de que se pierda aprendizaje de una u otra lengua, es que claramente la lengua castellana está ganando cuota social en todos los ámbitos, y esto es lo que nos preocupa más allá del aprendizaje, que con datos de evaluación está demostrado que tanto el catalán como el castellano tienen presencia en las aulas y que los alumnos son competentes en ambas lenguas.

¿La injerencia estatal en el sistema educativo ha sido una constante o se ha acentuado en los últimos años?

Desde 2012 van cayendo sentencias sobre alumnos, pero es cierto que hay una visión claramente politizada y unos intereses políticos detrás que están acelerando todo este proceso. Además, nos encontramos con una sentencia en Baleares de hace dos o tres semanas en la que un juez desestimó la peticion de una familia porque suponía no tener en cuenta el resto de los 24. Por lo tanto, en Baleares un juez desestima la peticion de una familia porque ya se da respuesta al aprendizaje de las dos lenguas y, en cambio, en Catalunya vamos recibiendo sentencias que nos van marcando que tenemos que ir adaptando aula a aula.

El sistema de inmersión en Catalunya ha sido un modelo para la normalización lingüística. ¿Cuáles son sus resultados?

Aquí estamos viendo un descenso en los resultados. Cuando los programas de inmersión lingüística en los años 80-90 estaban en su auge, todos los alumnos hablaban catalán en la escuela y era la lengua de uso habitual, tanto en el aprendizaje como en la parte social. Donde estamos perdiendo no es en el aprendizaje sino en la parte social. Cuando evaluamos competencias vemos que los resultados siguen siendo los mismos. Ahora hemos añadido la competencia oral, que hasta ahora no se había evaluado, justamente para comprobar que no es un aprendizaje académico, que los alumnos lo tienen, que saben leer, saben escribir, saben entender un texto... pero no lo usan; por lo tanto, es donde tenemos que hacer un embate desde todos los ámbitos.

Se hizo el Pacto por la Lengua hace aproximadamente un año, que lo que quiere es que los comercios cuando contraten personas garanticen que utilizan la lengua, en los talleres mecánicos, en la Justicia..., que todos los departamentos de la Generalitat de Catalunya tengan la defensa de la lengua en sus agendas y tomen acciones para promover este uso social.

En 2019, en Catalunya se alcanzó un pacto contra la segregación escolar. ¿Qué mecanismos se han utilizado y qué resultados han obtenido?

El Pacto contra la Segregación lo que quiere es detectar, conocer cuál es la situación de cada municipio, cuál es la programación educativa, cuál es la oferta educativa de la zona. Desde una mesa de escolarización, donde están los representantes municipales, del Departamento de Educación y agentes que intervienen en la programación, se hace una oferta. Lo que se garantiza en esas mesas es que todos los alumnos vulnerables, antes de darles una plaza educativa, los tengamos localizados y podamos hacer un reparto equitativo, que no se concentren en un tipo de centros.

El hecho destacado es que estos alumnos van con lo que llamamos una mochila económica, tanto en la pública como en la concertada, porque eso nos garantiza que todos los centros del Servicio de Educación de Catalunya, los públicos y los concertados, acogen a estos alumnos. La clave ha sido la detección precoz y el reparto que se ha hecho contando, sobre todo, con los municipios y con la informacion que tiene el municipio de las familias. ¿Cuáles son los resultados? Hemos pasado de un 6% al 17%, por lo tanto hemos hecho un salto enorme.

La inclusión es otro de los retos. ¿En qué aspectos es más inclusiva la escuela catalana?

Tenemos dos tipos de centro, el centro ordinario y el centro de educación especial. Continuamos manteniendo y dando importancia a los centros de educación especial en dos sentidos: en la atención del alumnado que requiere atención especial y como proveedores de servicios para los centros ordinarios. Tenemos los centros ordinarios, con diferentes tipos de alumnos, que tienen un soporte de psicopedagogos, un soporte de estos centros que son referentes en la educación especial.

Estamos haciendo formación a nivel de currículum, pero es cierto que cuando decimos que la inclusiva es una carpeta pendiente es porque desde 2017, cuando se empezó a aplicar el decreto de inclusión, tenía una memoria económica de 250 millones; en aquel momento ya se estaban invirtiendo 300 millones de euros, y actualmente estamos en 500. Pero para destensionar el sistema necesitaríamos 500 más, porque la situación es que hay un tipo de alumnos, sobre todo fruto de la pandemia, fruto de situaciones mentales -los estamos viendo más en Secundaria que en Primaria-, que tienen brotes conductuales, generan situaciones en el aula que no requieren solo de formación del profesorado sino que requieren de un perfil profesional específico que pueda dar respuesta a estos alumnos.

Por lo tanto, necesitamos incorporar este perfil diferente al docente que pueda dar soporte a la docencia y que permita que, aparte de un diseño universal -diferentes actividades en el aula, diferentes formas de trabajar, de evaluar, de presentar los materiales..., que esto lo recoge el nuevo currículum-, tengamos otros perfiles que nos den respuesta a otras necesidades.