El impulsor de la mina Muga abandona Geoalcali y el proyecto se sume en la incertidumbre

La empresa Geoalcali, la impulsora de la mina Muga, entre Nafarroa y Aragón, está actualmente descabezada. Su consejero delegado y máximo impulsor de la mina, Ignacio Salazar, ha dimitido de su cargo. Además, las otras dos personas que formaban junto a Salazar el Consejo de Administración de Geoalcali, Sixto Jiménez y Julio del Valle, han dimitido también de sus cargos, según informó la empresa a finales de la pasada semana. 

El descabezamiento de la cúpula de Geoalcali se produce en un momento delicado para la empresa y para el proyecto de la mina, uno de cuyos permisos de explotación fue anulado el pasado mes de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) al considerar que se había realizado un fraccionamiento de un proyecto único y la declaración de impacto ambiental (DIA) no había valorado todos los riesgos. De este modo se aceptaba el recurso presentado por Ecologistas en Acción y Sustrai con el apoyo de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d'Onsella y Erreniega.

Este revés judicial ponía en riesgo la viabilidad de la mina Muga, ubicada entre las localidades navarras de Xabier y Zangoza y las aragonesas de Undués de Lerda y Urriés y que buscaba explotar potasa, ya que los inversores chinos que fueron presentados a bombo y platillo han cuestionado su apoyo al proyecto.

La sentencia del TSJN se utilizó como justificante para que Geoalcali presentase un ERTE para sus 30 trabajadores.

Alcaldes, con la mina

Geoalcali ha recurrido la sentencia del TSJN y ha aumentado las presiones políticas en Iruñea y en Madrid para intentar conseguir los permisos correspondientes. En marzo, por ejemplo, su página web daba cuenta de que alcaldes del entorno de la mina (los de Xabier, Zangoza, Kaseda, Esa, Ledea, Irunberri, Petilla de Aragón, Ezporogi, Aiesa y Urraulgoiti y el presidente del concejo de Rocaforte) entregaron al director general de Administración Local y Despoblamiento del Gobierno navarro, Jesús María Rodríguez, una carta para que la enviase al Gobierno español. En la misma, se presentaba la mina como una solución para la despoblación que vive la zona, destacando que «servirá de revulsivo de la zona».

La propia Geoalcali, en esa nota, reconocía que la sentencia del TSJN, que justificaba en un «defecto de forma», suponía un «serio reto» para el proyecto de mina. «La financiación ya comprometida que sustenta este proyecto expira el 31 de marzo de 2025, no dejando ningún margen para garantizar su continuidad posteriormente a esta fecha», señalaba Geoalcali.

«La no ejecución de esta inversión de 550 millones de euros supondría la pérdida de una oportunidad para generar unos 3.800 millones de euros en pagos a proveedores, 1.246 millones de euros en ingresos fiscales y unos 7.000 puestos de trabajo en dos comarcas con riesgo de despoblación como son las de Sangüesa y las Cinco Villas [Aragón]», añadía Geoalcali.

Junto a ello, insistía en que la mina era «una oportunidad única para cambiar la dinámica» del riesgo de despoblación que sufre la zona mediante «el impulso del tejido productivo local, la modernización de infraestructuras y la generación de sinergias con sectores clave como la industria, el comercio y los servicios».

La fecha del 31 de marzo ha pasado y todo parece indicar que Geoalcali no ha podido recaudar las inversiones necesarias para sacar adelante el proyecto de la mina. La tormenta ha llegado a la empresa propietaria de Geoalcali, la australiana Highfield Resources, que ha suspendido su cotización en bolsa. En cualquier caso, Highfield Resources insiste en que seguirá adelante con el proyecto de la mina.

Una historia complicada

Los problemas bursátiles de Highfield Resources no son, de ninguna manera, una novedad. Ya en 2016, la Plataforma Unitaria No a las Minas en Bal d'Onsella y Erreniega alertaba de que el objetivo de impulsar la mina Muga era especular en bolsa. Ese mismo año, el entonces máximo responsable de Geoalcali, Pedro Rodríguez, abandonó su puesto en la empresa, de una manera similar a la que ahora ha hecho Salazar. En 2016, Highfield Resources ya tuvo que suspender su cotización en la bolsa australiana tras hundirse su cotización.

En 2021, a Geoalcali le caducaron los permisos concedidos para explotar otra mina de potasa en Erreniega, en Iruñerria. Se trataba de resucitar la histórica mina de potasas que se cerró en la década de 1990.

A los problemas financieros y acusaciones de especulación que siempre ha arrastrado Geoalcali y su matriz se suma la oposición que ha generado en la zona, basada en los efectos medioambientales que pudiera generar en cauces fluviales y acuíferos. Asimismo, recordaban que a 800 metros de la mina estaría el embalse de Esa, cuyo recrecimiento presenta serios problemas de estabilidad.

Lo que no se puede negar a Geoalcali es que ha lograda tener el apoyo de las instituciones navarras. La lehendakari María Chivite llegó a calificar la mina Muga de «proyecto sólido y referente de sostenibilida» en julio de 2021.

En septiembre pasado, el vicepresidente Félix Taberna se fotografiaba con los responsables de Geoalcali y los inversores chinos que iban a participar en el proyecto de la mina Muga.