La CIJ analiza el «patrón genocida» de Myanmar contra los rohinyá

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, comenzó ayer un período de tres semanas de audiencias para determinar si Myanmar cometió un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. El caso fue presentado por Gambia, que acusó a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio, de 1948, durante las operaciones militares de 2016 y 2017. La demanda cuenta con el respaldo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica, de 11 países que han intervenido formalmente en el procedimiento, y de decenas de organizaciones de derechos humanos.

Cientos de miles de musulmanes rohinyás tuvieron que huir de la violencia del Ejército y de las milicias budistas, y escaparon al vecino Bangladesh en medio de episodios de violaciones en masa, incendios provocados y ejecuciones extrajudiciales. Actualmente, 1,1 millones de rohinyás viven hacinados en campamentos que abarcan unos 32 kilómetros cuadrados en Cox’s Bazar.

«No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional. Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos. Los rohinyás han sido objeto de destrucción», declaró el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, ante los jueces de la CIJ. Insistió en que la Convención, de 1948, «pierde sentido si no se aplica y se hace cumplir», y defendió que los países firmantes tienen el deber de evitar la impunidad, puesto que la falta de rendición de cuentas ha permitido tanto «un ciclo de atrocidades» como que los mandos militares implicados sigan ejerciendo el poder. Jallow describió un contexto de «persecución atroz» prolongada, precedida por décadas de «propaganda deshumanizante», que culminó en operaciones de «limpieza» y continuó con «políticas destinadas a borrar la presencia» rohinyá.

Gambia anunció que los testigos, que declararán en las próximas semanas ante la CIJ a puerta cerrada por razones de seguridad, relatarán ataques en aldeas concretas y la pérdida de familiares durante esas operaciones. El ministro subrayó que el caso se apoya en un patrón repetido, y en actos y omisiones de las autoridades birmanas, visible tanto en las operaciones sobre el terreno como en la ausencia de investigación y sanciones por los crímenes, lo que, en su opinión, revela «la intencionalidad», factor exigido por la Convención para calificar legalmente los actos como genocidio.

En el Palacio de la Paz, la dirigente Aung San Suu Kyi, premiada con el Nobel de la Paz en 1991, compareció para defender a Myanmar. Desestimó el argumento de Gambia, alegando que ofrecía «una imagen engañosa e incompleta» de lo que definió como un «conflicto armado interno».

Suu Kyi advirtió entonces de que el caso por genocidio ante la CIJ corría el riesgo de reavivar una crisis, que, según ella, fue una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.