Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril y hasta el 30 de junio

Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril y hasta el 30 de junio, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos llegasen a un acuerdo para aprobar dicho trámite mediante un decreto. La mera admisión a trámite de las solicitudes ya supone poder empezar a trabajar.

La portavoz del Gobierno español y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. Así, la permanencia en el Estado español podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consultadas por Europa Press han recalcado que la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que lleven un mínimo de cinco meses en el Estado español antes del 31 de diciembre de 2025.

Otro requisito obligatorio es que no cuenten con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. En cuanto a la autorización, esta será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio estatal y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Esa misma fuente ha señalado a la agencia informativa que la regularización «protege la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España». En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.

Ha recordado que en el Estado español se han llevado a cabo dos impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

Y ha defendido su aplicación, porque «la evidencia empírica muestra que las regularizaciones generan efectos positivos. Por ejemplo, la de 2005 mejoró la integración laboral y la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación fiscal y redujo la informalidad». Asimismo, desde dicho Ministerio se ha puntualizado que esta medida no genera un efecto llamada, «cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes». 

Medio millón de personas

En una entrevista concedida a La 1, Saiz ha indicado que «hoy se da el pistoletazo de salida» a un proceso «complejo» y que «ha sido además muy trabajado», que iniciará «todos los trámites para que, más o menos, a mediados, a principios del mes de abril, se puedan iniciar de facto, todas las tramitaciones, todas las solicitudes, hasta el 30 de junio, con garantías, de manera ágil, de manera eficaz».

Preguntada por los derechos que tendrán las personas migrantes, la ministra ha señalado que, desde que se hace la solicitud, «habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite». «Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país», ha afirmado.

«Somos muy conscientes de que el empleo y la familia son dos anclajes fundamentales», ha declarado, al tiempo que ha añadido que esta medida también «va a dar derechos a esos menores que están con los titulares para que tengan esa regularización de su situación».

Respecto al impacto social de la medida, la ministra ha señalado que son estimaciones, pero que está en torno al medio millón de personas. «El impacto real, positivo, de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. Saben que el 14% de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la migración al conjunto de la sociedad y también en términos económicos. ¿Por qué no reconocerlo?», ha agregado.

LAB: «Un paso de justicia social»

LAB ha destacado que esta medida «es una victoria social y popular» y «llega en un momento que no es casual: auge del fascismo global, avanzada violenta contra las personas migrantes por parte del gobierno más poderoso del mundo, expansión de los discursos y prácticas de odio racistas, machistas, xenofobos y homofobos».

El sindicato ha añadido que la regularización «representa un paso de justicia social y una deuda que se tenía pendiente», y ha reclamado que Euskal Herria cuente con «soberanía» para poder tomar decisiones también en este ámbito «mucho más allá de la gestión de las solicitudes».

LAB ha subrayado que esta reforma desliga «el vínculo hasta ahora determinante entre la consecución de los permisos de residencia y la posesión de un contrato de trabajo o de solvencia económica. Las personas migrantes son mucho más que mano de obra de usar y tirar».

PNV: «Lo podían haber hecho hace bastante»

Desde el PNV, su presidente Aitor Esteban ha defendido la regulación de migrantes, aunque ha precisado que habrá que ver «las condiciones» en las que se hace. «Nos hemos pasado un año y medio, por lo menos, hablando de todo esto. El PSOE también conoce perfectamente nuestra posición. Si lo podían hacer por decreto, lo podían haber hecho ya hace bastante tiempo».

Más crítica ha sido la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, quien ha acusado al Gobierno de «oportunismo político» por haber pactado esta regularización con Podemos de manera «improvisada» y al margen de la Cámara. «Sabemos que la inmigración es una necesidad, un reto que tenemos que abordar, pero creemos que lo tenemos que hacer de una manera coordinada, consensuada y no de cualquier manera y con improvisaciones», ha remarcado.