Opositores a la variante de Las Carreras aseguran que el dictamen de Estrasburgo avala su lucha
Opositores al proyecto de la variante de Las Carreras, en Abanto, aseguran que el Parlamento Europeo no les cierra ninguna puerta, sino que «confía» en la aplicación de la normativa ambiental por parte de la Diputación. Precisamente, la institución foral deberá facilitarles la información que pidan.
La plataforma vecinal Stop Variante Las Karreras ha salido al paso de la supuesta «inhibición» por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo respecto a una denuncia que presentaron en torno al incumplimiento de la conocida como «directiva hábitats» en el proyecto de circunvalación de la carretera BI-734 en Abanto, asegurando que la resolución que conocieron a final del mes de enero «no cierra ninguna vía de reclamación» y fija su mirada en que la Diputación de Bizkaia aplique la normativa ambiental en el procedimiento.
En su valoración de la respuesta dada por Estrasburgo, la plataforma sostiene que la Cámara «no da por válido ni avala el proyecto ni mucho menos, sino que señala que ‘no es posible evaluar su compatibilidad con la normativa europea mientras no finalice el procedimiento ambiental’».
Eso es, aseguran los opositores, lo que perseguían con su iniciativa: que las autoridades europeas estén informadas de la tramitación del proyecto, que conozcan los informes ambientales y que exijan «expresamente» a las administraciones que «respeten los procedimientos ambientales y la evidencia científica».
«Sabíamos que, sin existir todavía una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Bruselas no podía pronunciarse formalmente sobre el fondo del proyecto, pero sí queríamos que se posicionara antes de que se emita dicha declaración», exponen.
Desde la plataforma no ocultan su satisfacción por esta resolución. Insisten en que esta respuesta no cierra ninguna vía de reclamación, ni administrativa ni judicial, ni a nivel estatal ni europeo, «pese a algunos titulares publicados recientemente que pueden inducir a error».
«Esta respuesta –inciden– no supone ningún archivo del conflicto, sino todo lo contrario: establece que la evaluación definitiva solo podrá hacerse cuando exista una DIA y que, en caso de aprobarse el proyecto vulnerando la normativa, la plataforma puede acceder a los tribunales alegando normativa comunitaria». De hecho, no descartan solicitar de nuevo la intervención de las instituciones europeas llegado el caso.
Tirón de orejas al Departamento
La del Parlamento Europeo no ha sido la única resolución favorable a sus intereses. La Comisión de Transparencia de la Diputación de Bizkaia les ha dado la razón en su reclamación por falta de acceso a información pública del Departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo territorial.
Al departamento que dirige Carlos Alzaga le insta a que entregue a la plataforma los informes sectoriales que ha solicitado «o, en su defecto, a justificar formalmente su inexistencia».
Por tanto, el órgano que vela por la transparencia en la gestión de la Diputación reconoce que la documentación solicitada por el colectivo vecinal tiene carácter de información pública y, además, que no es legal limitarse a dar respuestas genéricas sin facilitar los informes.
«Este pronunciamiento refuerza nuestro derecho a conocer toda la documentación relacionada con el proyecto y demuestra que nuestra reclamación era legítima», señalan desde la plataforma.