Eztabaidan

 

¿Cómo combatir la pobreza y la exclusión?
Cada vez son más las personas y familias que padecen este drama
Apelar a la responsabilidad pública
Eguneratua 2016/06/14 12:04
Javier Pradini Olazábal Director general - Grupo Emaús Fundación Social

Hoy en día hablar de pobreza en Euskadi no es posible si no se vinculan sus causas con aspectos estructurales de un sistema económico injusto cuyas raíces y efectos tienen una dimensión mundial. Sin embargo, esta constatación no puede obviar que, a pesar de ello, hay posibilidad de, si no erradicar, sí al menos reducir los niveles crecientes de pobreza que se están dando en nuestro contexto más cercano. Y para ello hay diferentes niveles de responsabilidades a repartir entre administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Pero para ello, es conveniente precisar que ante la pobreza caben diferentes actuaciones: caritativas, asistenciales, solidarias o de justicia (entendiendo como tal la defensa de derechos fundamentales o básicos).

A pesar de la crisis que también atenaza a Euskadi, el contexto general que vivimos es más saludable y esperanzador que el de otras regiones o países y nuestros niveles de pobreza no están siendo tan dramáticos y acentuados como el de otras regiones de nuestro entorno en relación al conjunto de la población. Ahora bien, esto no quiere decir que aquí no se den también situaciones de aumento de las desigualdades con gran riesgo de exclusión e incluso de pobreza extrema.

Años atrás, las actuales cuotas de autogobierno y el alto nivel de desarrollo económico existente han permitido construir una sociedad basada en el concepto del estado del bienestar y diseñar un modelo propio al menos sobres tres de sus cuatro pilares: los servicios sociales, la educación y la sanidad. Este modelo propio ha sido referente y precursor en muchos casos en el desarrollo de otras comunidades autónomas. Y lo ha sido por asignación de recursos pero también por su racionalidad en su diseño y por la convicción en darle un carácter universal para toda la ciudadanía. El resultado de todo ello fue la Ley de Servicios Sociales del País Vasco aprobada el año 2008.

Han tenido que pasar seis años para que las instituciones vascas alcancen un consenso que ha permitido desbloquear su desarrollo.

Hay quien aducía razones económicas motivadas por la crisis pero lo cierto es que también había un trasfondo político con diferentes visiones de modelo de sociedad en todas sus vertientes. Y es en este contexto donde ha sido necesario apelar a la responsabilidad pública de los dirigentes políticos y partidos que nos gobiernan para que las expectativas de logar una sociedad más equitativa, más cohesionada y menos excluyente prime sobre luchas partidistas o intereses electoralistas cortoplacistas.

Tras el exageradamente dilatado proceso de aprobación del tan necesario Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del Mapa de Servicios Sociales en el que se estipulan cuáles son las administraciones competentes para la prestación de determinados servicios sociales, lo más importante de este decreto es que estos servicios, ayudas o prestaciones pasan a ser un derecho subjetivo, es decir, legalmente exigibles por la ciudadanía y no sujetos a coyunturas presupuestarias.

Habrá que esperar a conocer su contenido ya que, a juzgar por lo que se filtra, se va a parecer más al mapa mundial que quedó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial trazando fronteras a golpe de regla y escuadra descuartizando linealmente territorios y pueblos históricos y consolidados. En el caso que nos atañe, las consecuencias pueden llegar a ser en algunos casos de duplicidades de servicios nada justificadas y en otros de situaciones y necesidades sin ningún tipo de cobertura por falta de acuerdo financiero interinstitucional.

• Los servicios sociales como un mecanismo de protección y prevención frente a un sistema de asistencialismo y paliación.

La sociedad desde el punto de vista del bienestar se mueve entre tres franjas de situaciones: situación de confort, situación de vulnerabilidad y situación de pobreza y/o exclusión. Es lógico pensar que lo deseable sería que las situaciones de pobreza y exclusión fueran situaciones extraordinarias, poco cotidianas y nada numerosas, pero la realidad nos está desvelando que esto se da cada vez en menor medida, es decir, se van percibiendo como bastante ordinarias y cotidianas hasta el punto que vamos perdiendo sorpresa al conocerlas y, sobre todo, cada vez más numerosas, ya que afectan a un mayor número de personas que han ido pasando de situaciones de confort a situaciones de vulnerabilidad, y de estas a situaciones de pobreza y/o exclusión. Si las políticas sociales se concibieran como mecanismos de protección y prevención, el Estado y la sociedad en general seguramente lograrían evitar que se produzcan estos trasvases. Sin embargo, las actuaciones son reactivas y se producen después de evidenciar y asumir que una gran parte de la población se va viendo abocada a situaciones de grave riesgo o exclusión. Y es por ello que podríamos calificar nuestro sistema de servicios sociales de asistencialista y paliativo.

• Necesidad de incorporar políticas sociales en planes y políticas estructurales como salud, educación, empleo, vivienda, etc.

La razón de todo ello no es otra que cuando los gobernantes y legisladores acometen planificaciones y regulaciones normativas en ámbitos tan importantes como la salud, el empleo, la educación o la vivienda y no tienen en cuenta esta perspectiva de prevención y protección para situaciones de vulnerabilidad, su aplicación solo es válida y funciona para las capas de población que gozan de una situación de confort y estabilidad. Como consecuencia de ello, posteriormente, el estado se ve en la necesidad de poner en práctica planes especiales de atención a personas que no disfrutan de dicha situación de confort. En muchos casos, estos planes especiales solo sirven para estigmatizar a las personas en situación o grave riesgo de pobreza y exclusión que ven que la solución temporal a sus estados de necesidad pasa por una ventanilla especial o con actuaciones diferenciadas del resto de la ciudadanía. Un ejemplo de ello son las situaciones de desahucio que conocemos diariamente. En lugar de prevenir y evitar que las personas que se ven abocadas a una de estas situaciones pierdan su vivienda normalizada, se les ofrece, en el mejor de los casos, el acceso a una vivienda de protección oficial en un barrio que adquiere la calificación de marginal por las altas tasas de concentración de personas en la misma situación. Eso sin entrar en la problemática de las personas sin hogar, que duermen en la calle o en espacios insalubres. Las organizaciones que gestionan servicios de alojamientos alternativos y tratan de dar respuesta a estas personas tienen muchas dificultades para disponer de un parque de viviendas que permita cubrir estas necesidades. Bastaría con que los planes de construcción de viviendas de protección oficial contemplaran esta posibilidad.

Lo mismo pasa con el empleo. En lugar de obligar a las empresas de más de cien trabajadores a incorporar un porcentaje de personas con discapacidad o en procesos de inserción se crean nuevas estructuras y espacios para poder dar una respuesta a dichas personas. Así surgen los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Además, la propia administración, en lugar de reservar determinados contratos públicos para favorecer su acceso al mercado de trabajo a estas nuevas estructuras de empleo, ignora su existencia y sigue adjudicando la prestación de determinados servicios públicos susceptibles de ser realizados por dichas estructuras a las empresas mercantiles convencionales.

Y podríamos poner también ejemplos que se dan en el ámbito sanitario o de educación.

• El papel de la sociedad cuando fallan los mecanismos de protección del estado de derecho.

Tradicionalmente, el primer mecanismo de protección social ha sido la familia o los amigos. Eran estos quienes por proximidad conocían de inmediato cualquier situación de vulnerabilidad que se pudiera producir y el recurso de los servicios sociales solo se utilizaba en casos de extrema necesidad, de graves problemáticas o de larga duración. Hoy en día la estructura familiar ya no es la de hace años y en muchos casos no se dispone de ella o se encuentra muy fragmentada o distante. De ahí que observemos un crecimiento importante en el número de personas que recurren a dichos servicios. También hay una explicación complementaria y es que los servicios sociales y sus prestaciones han alcanzado la consideración de derechos ciudadanos y ello ha generalizado aún más su uso por parte de la ciudadanía sin percibirlo como una humillación. Ahora bien, como ya hemos visto anteriormente, los servicios sociales están lejos de poder ser considerados como mecanismos de prevención y protección y en momentos de crisis como los actuales incluso los mecanismos de asistencialismo y paliación tienden a ser recortados o limitados e incluso a desaparecer. En cualquier caso, va adquiriendo rango de normalidad el hecho de que se nos presente que los recursos disponibles parta hacer frente a las necesidades emergentes son limitados e insuficientes.

• De la defensa de los derechos fundamentales a la caridad.

Ante esto, es la ciudadanía quien reacciona ante las llamadas de urgencia de diferentes organizaciones y asociaciones. El caso del Banco de Alimentos es un claro ejemplo de ello. La dificultad de miles de personas de llegar a fin de mes cubriendo sus necesidades básicas de subsistencia -vivienda, salud, energía, alimentación- hace que en muchos casos se reduzcan los recursos familiares asignados a alimentación entendiendo que es la parte más fácil de recortar domésticamente aunque con consecuencias en la salud, tanto física como mental. Y ante  la incapacidad de los gobiernos de garantizar la cobertura de dichas necesidades está impulsando movilizaciones ciudadanas por parte de asociaciones como el Banco de Alimentos y otras afines. A través de dichas movilizaciones se solicita que la ciudadanía resuelva a través de donaciones lo que debiera estar garantizado por lo público, al menos en la sociedad en la que a nosotros nos ha tocado vivir. Y es aquí donde vemos que lo que debieran ser derechos se ven sustituidos por actos más próximos al concepto de caridad que al de solidaridad. Y esta diferencia entre caridad y solidaridad se basa en que la solidaridad bien tiene unas características como son las de proximidad y conocimiento entre las partes y bien por otra parte están estrechamente vinculadas al concepto de compartir lo que uno tiene. En cambio, el concepto de caridad conlleva un acto de generosidad altruista sin conocer en muchos casos a la persona o personas beneficiarias y en muchas ocasiones tiene ciertas connotaciones con el binomio donante-beneficiario. Y ello atañe a la dignidad de las personas. Estoy convencido que la mayoría de las personas preferimos sentirnos sujetos de derechos o, en el peor de los casos, contar con el apoyo de las personas cercanas que empatizan con nuestra situación de necesidad en un determinado momento que sentirnos beneficiarios de la caridad ajena. Indudablemente, es preferible tener mecanismos de este tipo que estar absolutamente desamparados pero debiéramos de reflexionar sobre qué es lo que está fallando en nuestro contexto de Euskadi para que tengamos que recurrir a este tipo de respuestas y soluciones.

Es preciso revisar el modelo de atención que estamos ofreciendo a las personas en situación o riesgo de exclusión y si los mecanismos de prevención y protección son los adecuados para la sociedad que todos y todas deseamos para las generaciones actuales y venideras.

Y en paralelo, también es preciso analizar y revisar el modelo de sociedad ideal que queremos y que tendría que ir en la línea de una sociedad inclusiva, basada en una economía del bien común.

Es preciso revisar el modelo de atención que estamos ofreciendo a las personas en situación o riesgo de exclusión y si los mecanismos de prevención y protección son los adecuados para la sociedad que todos y todas deseamos para las generaciones actuales y venideras