El cardenal elector y arzobispo emérito de la archidiócesis de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se resistió, durante casi seis meses a abandonar el palacio episcopal desde que fue sustituido en el cargo por Carlos Osoro el pasado mes de agosto.

Rouco no accedió a trasladarse hasta que tuvo a su disposición un lujoso piso de 370 metros cuadrados, situado junto a la catedral de la Almudena, con seis habitaciones, cuatro cuartos de baño, terraza con vistas espléndidas de Madrid y cuya reforma ha costado medio millón de euros. Para redondear la imagen de «príncipe» medieval, será servido por dos monjas.

Si mientras ejerció sus funciones no dejó de representar lo más rancio de una institución ya anacrónica, su salida ha escandalizado incluso en un país acostumbrado a reyes, princesas e infantas como si aún viviera entre los godos.

El problema no es tanto el derroche del dirigente de la iglesia católica, sino que buena parte es costeado a través de la financiación pública y de la casilla correspondiente en la declaración de la renta.

Y que, casi tres siglos después de que Voltaire escribiera que «la esperanza es una virtud cristiana que consiste en despreciar todas las miserables cosas de este mundo en espera de disfrutar, en un país desconocido, deleites ignorados que los curas nos prometen a cambio de nuestro dinero», la iglesia católica siga salpicando de superstición la educación, se apropie de inmuebles públicos, eluda pagar impuestos, adoctrine a niños e intervenga en la redacción de leyes. Eso sí que se merece más que un escrache.