Hablamos de las ambulancias asistenciales, responsables, junto con el servicio de Emergencias de Osakidetza, tanto del transporte sanitario urgente (RTSU) como del transporte de patologías graves y menos graves, y dependientes, por tanto, del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza.

A día de hoy, todavía pendientes de que el Gobierno Vasco, a través de su Consejería de Sanidad y Consumo, acabe solucionando el gran problema en el que sigue atrapado una gran parte sector de ambulancias en Bizkaia, es difícil de entender por qué se sigue sin dar una solución definitiva a la concesión de ambulancias y el retraso que supone para la estabilidad laboral y asistencial en las 22 bases, que salieron a licitación a finales de 2014, debido a pequeños errores en los pliegos y a recursos que no se acaban de solucionar. Son 63 millones de euros los que cuesta la adjudicación de las bases. Nunca llueve a gusto de todos, y es de derecho que cada empresa no conforme con la adjudicación provisional, realizara las alegaciones pertinentes en aras de defender sus derechos y pretensiones

Llegada la fecha de finalización del contrato con las entidades y/o empresas que gestionaban un número importante de ambulancias de SVB (soporte vital básico) en Bizkaia, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco decidió «parchear» el tema sacando a subasta las bases que deberían haber salido a concurso nuevamente, a fin de ganar tiempo para una redacción adecuada de los pliegos, más si cabe después de todas las irregularidades producidas en el anterior en lo que al cumplimiento de las condiciones de los pliegos técnicos se refería.

En esta subasta, el único factor a baremar fue el precio ofertado por cada una de las empresas/entidades participantes, siendo por un período de tres meses que ya han pasado de largo, y mucho. En este caso, el propio Departamento que dirige el señor Darpón invitó mediante carta a empresas y entidades sin ánimo de lucro a participar en dicha subasta. Está fuera de nuestro alcance entender por qué optó por esta vía, quizá por un sentido de contraprestación por el daño causado a las ONG que quedaron fuera de la RTSU en julio de 2013 tras más de 25 años de servicio a través de contratos menores, es algo que nos queda grande. Cabe destacar que una de estas ONG, que presta servicio en algunas de las bases de la Red de Transporte sanitario Urgente de Bizkaia, no está cumpliendo el Convenio Colectivo que rige desde abril de 2014, aplicando a sus trabajadores y trabajadoras un convenio propio y totalmente ajeno al servicio que prestan, lo que abarata considerablemente sus costes en personal, en detrimento de los derechos de sus plantillas. Y, por tanto, algo inmoral, injusto e inaceptable para el colectivo y el resto de empresas participantes.

Desde la parte sindical, vamos a exigir el mantenimiento y respeto de todas las condiciones laborales de cara a la subrogación a la nueva empresa, sea esta la que sea. Porque somos conscientes de que el resto de «actores» en esta historia no tiene interés en defender al colectivo de trabajadores y trabajadoras, unas 170 personas, como prueba el nulo interés demostrado por acabar de una vez con esta historia y que el personal deje de vivir y trabajar con la incertidumbre que genera no saber qué va a pasar mañana. Hay que tener en cuenta que en menos de dos años hemos tenido que pasar ya por tres subrogaciones, con todos los problemas de organización y de adaptación que ello supone.

Por todo ello, creemos que ya es hora de que la junta de asesores de contratación administrativa o a quien competa dentro de una burocracia que nos absorbe y nos fulmina con su lentitud, decida de una vez sobre el concurso y su adjudicación definitiva, dejando a un lado favores, dilaciones, favoritismos y siendo transparentes y diligentes a la hora de su publicación, valorando en su justa medida las ofertas, no solo económicas, sino a nivel técnico, para que podamos de una vez tener la seguridad y la tranquilidad que todos y cada uno de los componentes de las plantillas de todas las empresas subrogables nos merecemos y en aras a seguir prestando un servicio con la calidad que la ciudadanía merece.

Así mismo, cabe decir que consideramos exigible que el ejecutivo vele por el cumplimiento escrupuloso no solo de los pliegos de condiciones, sino por el mantenimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales de todos y cada uno de nosotros y nosotras, vigilando que esto se cumpla e interviniendo en caso de que se produzca cualquier merma tanto en la calidad asistencial como en nuestras condiciones de trabajo, ganadas con el esfuerzo de todos y todas.