Si la auditoría preliminar del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) era contundente, cuestionando abiertamente la gestión realizada por Alonsotegi Eraikiz, el informe aprobado en el último pleno del año por el órgano fiscalizador no hace sino ratificar su análisis previo. En opinión del Tribunal, la sociedad municipal no cumplió en 2010 la normativa que regulaba su actividad económico-financiera debido a incumplimientos que afectan, por ejemplo, a la venta de terrenos en las operaciones de Errota y Soloburu.

En la primera enajenación, que dio origen a la Unidad de Ejecución (UE) 1.1, adjudicada a la inmobiliaria Basaldi por 4,3 millones de euros más IVA, no existe documentación que soporte la convocatoria del concurso. En la segunda, entre otras deficiencias, los terrenos de Soloburu se licitaron por 3,2 millones de euros y se adjudicaron por 5,4 millones, precios inferiores al valor de 5,9 millones por el que los derechos municipales fueron tasados. Se apunta también a que la publicidad de la licitación se limitó a un anuncio en prensa. Además, el organismo fiscalizador constata que una parte de los terrenos licitados no le pertenecían, estando otros cedidos en el momento de la adjudicación a Osakidetza.

«No expresa la imagen fiel»

La auditoría, efectuada a instancia de las Juntas Generales de Bizkaia y del Parlamento de Gasteiz, señala que sobre la sociedad, creada en octubre de 2003 y disuelta en abril de 2011, no se efectuó un control económico desde 2006.

La propia interventora del Consistorio emitió un informe previo a la disolución de Alonsotegi Eraikiz donde además de ratificar esa falta de control, confesaba que desconocía «la totalidad de los acuerdos, convenios o contratos que pudiera haber suscrito la sociedad». A juicio del Tribunal, debido a los efectos de «varias salvedades detectadas» y a la «incertidumbre» existente en cuanto al valor de realización de dos inmuebles propiedad de la sociedad, el balance de situación a 31 de diciembre de 2010 de «no expresa la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera».

Tres han sido las alegaciones presentadas al informe preliminar –las del actual primer edil, Joseba Urbieta; y por dosexalcaldes, Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza –, cuyos argumentos no han modificado la opinión del TVCP. Ha sido Martínez de Arenaza (1999-2007), quien ha tratado de justificar la gestión en la sociedad que él impulsó poniendo en cuestión el trabajo de la interventora. Todos los argumentos expuestos no son tenidos en cuenta. En su escrito, quien le sucedió, Aitor Santisteban, solo reivindica como responsabilidad suya las adjudicaciones de la plaza Doctor Madinabeitia y el centro de salud. Por su parte, el actual alcalde incide en que su relación con el caso es la de aportar datos que se le requieran. A través de esta auditoría, por cierto, se supo que Alonsotegi Eraikiz llegó en 2006 a pagar dos veces por unos trabajos a Pavimentos de Bizkaia SA por importe de 165.107,05 euros, que la compañía ha devuelto.

También se advierte de la irregular contratación de servicios a empresas de dos consejeros, el letrado Irkus Palacio y el arquitecto Alberto Zulueta.

El informe, otra prueba en el proceso judicial

El informe de fiscalización de la actividad de Alonsotegi Eraikiz realizado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no hace sino avalar las tesis defendidas por EH Bildu en el Ayuntamiento, donde sus propuestas chocan contra la mayoría del PNV, y se convierte en otra prueba que se sumará sin duda a la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo por un presunto delito de prevaricación y de malversación contra algunas de las personas responsables de la gestión de la sociedad, como son los exalcaldes Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, el letrado Irkus Palacio y el arquitecto Alberto Zulueta.

En sus alegaciones, hasta uno de los imputados, Martínez de Arenaza –quien luego ocupó cargos de responsabilidad en los gobiernos forales presididos por José Luis Bilbao, que ahora preside el TVCP– se queja de la ausencia de documentación con la que justificar su gestión. Fue su modo de administrar el que impidió articular mecanismos de control, de cuya ausencia insiste el informe. No hubo inventariado de la documentación, limitándose el Ayuntamiento en pedir a unos trabajadores municipales que apilaran los expedientes en unas cajas..

Estas alegaciones también han dejado al descubierto la estrategia de la defensa de los encausados, dirigida por importantes abogados de la órbita jelkide, de tratar de desacreditar la labor de la interventora municipal, quien fue la primera en advertir de las graves irregularidades en torno a la sociedad.

El informe del TVCP se conoce en plena campaña ciudadana para pedir una auditoría en el Consistorio, una petición avalada por numerosos vecinos. A.G.