El Parlamento navarro se comprometió ayer a «dar pasos efectivos encaminados al reconocimiento y reparación de las víctimas de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos». Con esta declaración institucional, la sede de la soberanía navarra respondió a la decisión del Gobierno de Madrid de paralizar la ley de víctimas policiales aprobada en Iruñea la legislatura pasada. El texto, que muestra su rechazo rotundo al recurso del Constitucional, salió adelante con los votos de dos tercios del Parlamento.

La declaración de ayer cuenta con el apoyo de las cuatro fuerzas del cambio y, también, de los siete parlamentarios del PSN. El partido de María Chivite apoyó la ley que ahora el Gobierno del PP intenta que quede en papel mojado. La líder del PSN denunció que, además de que el recurso supone un ataque a la soberanía, Mariano Rajoy ha tomado la decisión con un gobierno en funciones.

La ley de reparación de las víctimas fue una iniciativa de Izquierda-Ezkerra. EH Bildu prefería aprobarla más tarde, puesto que tramitarla entonces obligaba a contar con la aprobación del PSN, lo que no permitía profundizar lo necesario. Sin embargo, finalmente EH Bildu sí que se prestó a participar y el proceso de tramitación de la ley permitió que en el Parlamento navarro se escucharan voces que jamás se habían oído antes. Durante los debates, acudieron a dar su testimonio los familiares de Mikel Zabalza (torturado hasta la muerte), el hermano de Germán Rodríguez (tiroteado a en sanfermines) y las allegados del desaparecido Naparra, cuya desaparición ahora investiga la ONU. Este último caso concreto, fue declarado en 2014 por Naciones Unidas como «un delito de lesa humanidad que no tiene prescripción hasta que esa persona deje de estar desparecida o se encuentren sus restos».

La ley que se aprobó al finalizar la legislatura pasada era muy sencilla. Se limitaba a garantizar que las víctimas de la acción violenta de grupos ultras de derecha o de policías por hechos sucedidos de 1950 a esta parte fueran reconocidas como tales. Sin embargo, el Estado la recurrió diciendo que vulnera «la presunción de inocencia».

Las motivaciones finales

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, subrayó que existe una «motivación política» y no jurídica en el recurso. «Para nosotros la ley era un paso insuficiente, pero sí que visibilizaba una realidad que quieren mantener bajo la alfombra», aseguró.

José Miguel Nuin, de I-E, constató que «son víctimas que existen y están ahí. No se las ha inventado la ley. Y si existen, es por un mal funcionamiento del estado de derecho.

Podemos no estaba presente cuando se aprobó la ley, pero ayer la defendió diciendo que «todas las violencias han de ser perseguidas y condenadas, y todas las víctimas reconocidas».

Ana Beltrán, del PP, se agarró a que esos supuestos problemas legales y dijo no cuestionar la condición de víctimas de estas personas.