La propuesta del PNV para debatir en la Ponencia de Autogobierno es renovar el patrimonio competencial del Estatuto, de forma que se incrementen las competencias exclusivas de la CAV, que ejercería la potestad legislativa en todas aquellas políticas que no sean potestad del Estado. Además, las legislación estatal que potencialmente fuera vulneradora de las competencias reconocidas en el Estatuto, «solo desplegaría efectos en Euskadi si fuera previamente validada por un foro bilateral».

El documento jeltzale, registrado en la tarde de ayer, contempla que la Ponencia acuerde unas «bases políticas para la actualización del autogobierno», que se divulguen y sean objeto de un proceso de participación social. Con las bases que se acuerden se redactaría la reforma del actual Estatuto de Autonomía, que debería aprobar el Parlamento de Gasteiz.

A partir de ahí, el PNV propone una novedad con respecto al proceso de reforma estatutaria existente en la actualidad. Según la legislación, la reforma que se apruebe en la Cámara autonómica debe remitirse al Congreso de los Diputados. El documento propone introducir una «consulta habilitante por parte de la ciudadanía vasca» antes de que el proyecto llegue a las Cortes españolas.

Para posibilitar la celebración de esta consulta se precisaría que fuera autorizada por el Gobierno español –lo que supondría un cambio del criterio político que se ha venido aplicando hasta la fecha– o promover la modificación de la ley orgánica que regula las modalidades de referéndum.

Principio democrático

La propuesta del PNV dice basarse en el «principio democrático», según el cual la voluntad popular debe encontrar en cada momento un cauce de aplicación en el ordenamiento jurídico. Así, si la ciudadanía vasca muestra una expresión clara de querer alterar el modelo de relación con el Estado, «la obligación recíproca de las partes de negociar» los ajustes necesarios para hacerlo posible, debería estar incluso por encima del procedimiento de modificación constitucional.

En todo caso, el PNV sostiene que «podría defenderse con relativa solvencia que la introducción en el ordenamiento constitucional» del «derecho de autodeterminación, el derecho a decidir y el principio democrático», «no requieren necesariamente de una reforma agravada de la Constitución, si existiera voluntad de hacerlo».

Tras señalar esto, el documento jeltzale ofrece ejemplos del ámbito internacional de cómo la voluntad popular puede imponerse a las restricciones convencionales que acotan la autodeterminación a las colonias. Habla de Estonia, Eslovenia o Alemania. Y también de Kosovo como muestra de la declaración unilateral de independencia, de Montenegro y el derecho de secesión reconocido en la constitución. Recoge además la declaración del Tribunal Supremo de Canadá con respecto a Quebec y la consulta legal y pactada de Escocia.

El principio de legalidad

El texto se adentra en la diferenciación entre legalidad y legitimidad, y al mismo tiempo recuerda que la legalidad tampoco puede confundirse con la democracia. Recoge que «la esclavitud era legal. El franquismo era legal y sus leyes fundamentales exigían a los ciudadanos el cumplimiento de la ley. El apartheid era legal. El tercer Reich era legal. La privación de voto y derechos de las mujeres era legal. La criminalización de la homosexualidad era legal».

Pero este párrafo, de tintes casi insurreccionales, da paso apenas un folio más adelante a la afirmación tajante de que «EAJ-PNV se compromete a que el nuevo proyecto de reforma del autogobierno se plantee dentro de la legalidad, desarrollándose su proceso de acuerdo a los procedimientos legales». A lo que añade que «en todo caso, la concreción en un nuevo acuerdo requerirá la voluntad política positiva del Estado que deberá reconocer la capacidad propositiva de nuestra comunidad política y tendrá en consecuencia que abrir la negociación exigida por el principio democrático».

El documento jeltzale defiende la identidad nacional del pueblo vasco, y sostiene que la actualización del autogobierno debe reconocer el derecho a establecer las relaciones que se consideren más adecuadas «con la comunidad foral de Navarra y con los territorios vascos de Iparralde».

Además, asegura que el «contenido esencial de los derechos históricos» se resume en que «el Pueblo Vasco constituye un sujeto político con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro, a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada».

PSE y PP abogan por «mejorar» el actual Estatuto de Autonomía

PSE y PP coinciden en varias cosas en sus propuestas para la Ponencia de Autogobierno. Ambos partidos hacen un balance muy positivo y exitoso del Estatuto de Autonomía, atribuyéndole los resultados de la evolución económica y social que se ha dado desde la salida del franquismo. De cara al futuro, los dos se muestran favorables a introducir «mejoras» en el texto estatutario, pero siempre desde una posición de reforma estatutaria sin abordar cuestiones como el derecho a decidir. Además, Idoia Mendia en Bilbo y Borja Sémper en Gasteiz, coincidieron también en exigir concreciones al Gobierno de Lakua y al PNV. De hecho, el PSE considera llegado el momento de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu presente «una propuesta articulada de reforma estatutaria». Y el PP exige el fin de la ambigüedad «calculada y desleal» en la que considera que se mueven los jeltzales cuando hablan de nuevo estatus.

PSE y PP también asumen que los textos legales –Constitución, Estatuto…– no son inamovibles, pero en este ámbito la propuesta del partido que encabeza Idoia Mendia es más avanzada. Su documento recoge las bases de la reforma constitucional que ya ha planteado el PSOE y apunta que «la singularidad del País Vasco y sus potencialidades de autogobierno quedarán mejor reconocidas y protegidas» si antes de entrar a definir un nuevo estatus se abordan los cambios constitucionales para el Estado español. En todo caso, el PSE entiende que si bien el Gobierno de Lakua o una mayoría clara del Parlamento consideran que la actualización del Estatuto debe hacerse ahora, su grupo se compromete a «participar activamente en el debate».

Pero Idoia Mendia insistió en que solo entrarán en un debate de ese tipo «a partir de la propuesta articulada que presente el Gobierno vasco (para lo que no hay tiempo en esta legislatura a la que le quedan poco más de cinco meses hábiles en el Parlamento) y con la premisa de que cualquier planteamiento debe adecuarse al vigente marco legal que establece la Constitución».

Por lo que respecta al PP, este partido entiende que el actual marco de autogobierno «no es un problema» aunque «tiene problemas para resolver» y «como cualquier otro siempre se puede mejorar y actualizar». Pero observa que estas mejoras apuntan más hacia la organización interna de la Comunidad Autónoma Vasca que a la relación con el Estado español, ya que «si algo hemos aprendido en estos años es que juntos el conjunto de los españoles, somos un proyecto solidario y separados, un fracaso colectivo». Sémper habló de modificaciones de la LTH, la Ley de Aportaciones y la Ley Municipal, que den más competencias a la diputaciones y a los ayuntamientos, frente a lo que entienden que es un «afán centralizado demostrado por los sucesivos gobiernos» de Lakua.I.I.

EH Bildu: «Soberanía para subir pensiones o el salario mínimo»

EH Bildu registró ayer en el Parlamento su propuesta para un nuevo estatus político de la CAV. Como adelantó GARA el lunes, el documento se basa en «convertir las actuales estructuras autonómicas en instituciones soberanas hasta llegar a la constitución de un estado, si así lo decide libre y democráticamente la ciudadanía. Según apuntó el portavoz Unai Urruzuno, «la soberanía plena es el camino para proteger y garantizar el bienestar de todos y todas las ciudadanas vascas, sobre todo de las capas más desfavorecidas de la sociedad». En este contexto, destacó que la dependencia del Estado español está suponiendo recortes económicos, sociales y educativos, por lo que EH Bildu reivindica la soberanía plena para tener instrumentos que permitan «garantizar pensiones, dignificar el salario mínimo, abordar políticas de empleo». Urruzuno habló en la presentación del texto de «soberanismo social».

En opinión de EH Bildu no cabe hablar de «bilateralidad» con el Estado español salvo desde una posición de igualdad, por lo que la coalición de izquierdas propone avanzar desde la soberanía a la creación de un estado. Su propuesta, sin fechas, está abierta al debate en la Ponencia.I.I.