El Tribunal de Cuentas estatal ha detectado «deficiencias» y «carencias» en algunas de las ayudas concedidas por las administraciones públicas a Epsilon e Hiriko, dos proyectos fallidos que recibieron 64 millones de euros a cargo del erario público. Un dinero que, a juicio del órgano fiscalizador, no se podrá recuperar tras la quiebra de ambas sociedades.

Según informó ayer Efe, el informe –aprobado el pasado 22 de febrero– llegó al Parlamento de Gasteiz este lunes. Cabe señalar que este documento era una de las peticiones recogidas en el dictamen de la comisión de investigación, que atribuyó responsabilidades políticas a cargos del PNV por declarar como estratégicos estos proyectos, pese a carecer de «sólidos» fundamentos industriales y a sabiendas de que existía el riesgo de que no lograran sus objetivos.

El tribunal hace especial hincapié en un convenio firmado en junio de 2010 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por el que se concedía a Epsilon una subvención de 1,5 millones de euros sin indicar en qué líneas de investigación se enmarcaba el proyecto. También cita otro convenio firmado por el PSOE el 20 de junio de 2011. Este acuerdo, valorado en 2 millones de euros, se ratificó a pocos días de la declaración judicial de concurso de Epsilon, que ya había comunicado la imposibilidad de atender a sus obligaciones.

En lo que respecta a la CAV, advierte de que no hay informe que justifique la «necesidad u oportunidad» del contrato de alquiler firmado por Sprilur y Epsilon. Y destaca que las ayudas otorgadas por Lakua a Hiriko superaron el porcentaje de subvención máxima prevista. Asimismo, afirma que, de la documentación analizada, no se deduce que el proyecto cumpliera con las condiciones necesarias para obtener dichas ayudas. Una idea rebatida por la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, que insistió en que el Ejecutivo tuvo «información suficiente» sobre Epsilon e Hiriko.

El grupo de EH Bildu en las JJGG de Araba reclamó ayer medidas efectivas para que no se vuelvan a repetir «irregularidades» en la concesión de ayudas; y registró una pregunta dirigida al diputado general, Ramiro González, para saber si tiene previsto reclamar las subvenciones aportadas por Diputación.