El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, a instancia de la Delegación del Gobierno español, contra la aprobación por parte del Ayunta- miento de Larrabetzu del presupuesto de 2014 que incluía una partida de 3.000 euros con destino a Udalbiltza.

En la resolución se esgrime que no se incumple la legalidad al otorgar la partida económica a Udalbiltza, a quien se le ha reconocido su personalidad jurídica. Además, el tribunal añade que «malamente se puede discutir la competencia material del Ayuntamiento para asumir compromisos de gasto con un consorcio», como es el caso, cuyos fines «entroncan con los intereses a los que se debe el Ayuntamiento».

Asimismo, la Sala sentencia que la partida presupuestaria nominativa se aporta a un consorcio que desarrolla actuaciones de «interés común» tanto para el Consistorio de Larrabetzu como para otros que participan en Udalbiltza.

El alcalde valoró «muy positivamente» la sentencia, ya que confirma que no se cometió ninguna ilegalidad en la concesión de la ayuda. Iñigo Gaztelu abogó por que «definitivamente termine el acoso por parte del delegado del Gobierno a Udalbiltza y a las diferentes instituciones cuya única labor es la de poner en marcha iniciativas de colaboración y cohesión en nuestro país, Euskal Herria».