EH Bildu ha reclamado al Gobierno de Lakua que no reconozca el medio millar de propiedades «expoliadas» por la Iglesia Católica a través de inmatriculaciones, la figura legal actualmente derogada que hizo que esta institución religiosa inscribiera a su nombre «bienes que no estaban registrados con anterioridad».

Los parlamentarios de la coalición abertzale Igor López de Munain y Maider Otamendi presentaron ayer, en una rueda de prensa en Gasteiz, una iniciativa sobre las propiedades adquiridas por la Iglesia a través de esta fórmula.

La coalición registró esta iniciativa tras conocer los datos de un informe remitido al Parlamento de Gasteiz sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en la CAV entre 1978 y 2015, año en el que se derogó esta figura a través de una ley estatal. Dicho trabajo cifra en más de medio millar los bienes apropiados por la institución religiosa en ese periodo.

EH Bildu destacó que la fórmula de las inmatriculaciones ha permitido a la Iglesia adquirir estas propiedades sin coste alguno –salvo una cantidad simbólica por el coste de la tramitación– y sin tener que demostrar la pertenencia de dichos bienes.

López de Munain y Otamendi denunciaron que este sistema se deriva de una ley hipotecaria aprobada por el régimen franquista, con la que este «pagó los servicios» prestados por la institución religiosa a la «cruzada» del dictador.

«Buena voluntad»

Con el fin de acabar con este «expolio» de bienes que pertenecen a «todos los ciudadanos», EH Bildu registró una proposición no de ley en el Parlamento, en la que emplaza a las diócesis de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a que, como «acto de buena voluntad», devuelvan las propiedades adquiridas a través de este mecanismo desde 1978.

Además, en el texto se pide a Lakua que realice una declaración institucional «de no reconocimiento» de estas propiedades. Asimismo, le solicita que reclame a la Iglesia la devolución de los inmuebles.

Por otra parte, propone que se designe una comisión de expertos para propiciar la «recuperación» de los bienes. También emplaza al Ejecutivo a facilitar a los pueblos que soliciten la información «histórica y jurídica» que puedan necesitar sobre los «derechos» de su patrimonio público.

Junto a todo ello, insta al Gobierno de Madrid a declarar inconstitucionales los artículos de la Ley Hipotecaria que puedan dar lugar a una «amnistía registral» de estos bienes.

Reclama que, ante «la actual situación», la política de subvenciones destinadas al mantenimiento y conservación de estas propiedades «sea revisada». Y solicita, además, el fin de los «privilegios» de la Iglesia Católica en materia fiscal y en otros ámbitos de sus relaciones con las administraciones públicas.