Los intentos del PP por reabrir la central nuclear de Garoña podrían costar más de 900 millones de euros a las arcas públicas. Así lo denunció ayer el diputado de Podemos y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, que advirtió de que esa sería la cantidad que habría que desembolsar si el próximo Ejecutivo español decidiese revertir la posible reapertura, defendida por Mariano Rajoy, presidente de un Gobierno en funciones.

Según informaron las agencias estatales, López de Uralde explicó que Nuclenor –empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola– podría reclamar una indemnización por lucro cesante si el próximo inquilino de La Moncloa decidiese revocar la reapertura de la central burgalesa. Una compensación que ya reclamó cuando el PSOE decretó el cierre de la planta en 2012. Sin embargo, en esa ocasión los tribunales rechazaron la petición de la sociedad mercantil.

Asimismo, el político ecologista, que ya ha presentado una Proposición No de Ley contra Garoña, insistió en que autorizar la reapertura de la central hasta el año 2031 está fuera de las competencias de un gobierno en funciones, que, a su parecer, se debería limitar «al despacho ordinario de asuntos públicos». «Y no entenderíamos que tomara una decisión contraria a la mayoría democrática», añadió en alusión a los resultados del 20D, cuando el PP perdió la mayoría absoluta.

En este sentido, anunció que un grupo de diputados de Podemos se acercará hoy a la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para entregar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, una carta en la que reclaman que el proceso abierto para renovar la licencia de Garoña se aplace hasta que se forme un nuevo Gobierno en Madrid. En su escrito, los cargos electos de Podemos alertan de los problemas económicos que podría suscitar la reapertura de la planta si el próximo Ejecutivo español optase por cerrar definitivamente la instalación.

Por otro lado, ayer el portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, anunció que Lakua se mantiene alerta ante una posible reapertura, y anunció que el Ejecutivo jeltzale interpondrá un recurso si la planta, situada a pocos kilómetros de la muga occidental de Euskal Herria, retoma su actividad. Según explicó, presentarían un recurso conjunto con la Diputación de Araba, que también ha mostrado su rechazo a la reapertura.

Dimisión de Alfonso Alonso

Este lunes, el portavoz de la plataforma Araba Sin Garoña, Alberto Frías, reclamó a las instituciones de la CAV que recurran la decisión del CSN si este emite un informe favorable a la reapertura de la planta, conocida como «la central de las mil grietas».

Frías instó a los diputados electos por Araba a presentar una iniciativa común para la derogación del Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los Residuos Radioactivos, aprobado para posibilitar la reapertura. Y anunció que pedirán la dimisión de Alfonso Alonso, diputado del PP y ministro de Sanidad en funciones, si no apoya la iniciativa.