La redada por corrupción en el PP en Valencia irrumpe en el debate de investidura
Una macrorredada contra el PP en el País Valencià deja 24 arrestados y otros cinco investigados por corrupción. Las tramas que salpican a Génova condicionan el proceso de elegir un aspirante a presidente. El PP, sin embargo, confía en Ciudadanos y PSOE.

Macrorredada contra el PP del País Valencià por tramas de corrupción en la Generalitat, la Diputación y diversos ayuntamientos. Al menos 24 detenidos y 29 investigados, que es el nuevo modo de denominar al imputado desde el cambio del Código Penal impulsado por Mariano Rajoy. Un nuevo mazazo para un partido carcomido por la corrupción y que ahora tiene que vender a sus posibles socios (Ciudadanos y PSOE) el modo de pactar sin que ellos también se vean salpicados. Que la tramas se haya conocido en la misma semana en la que el jefe del Estado español, Felipe de Borbón, mantiene su segunda ronda de encuentros para nombrar candidato a la investidura no facilita el camino a Génova.
La investigación del Instituto Armado y el juzgado de Instrucción 18 de Valencia apunta a toda la plana mayor del PP en este territorio. Las pesquisas señalan incluso a Rita Barberá, alcaldesa durante 24 años y ahora senadora, por lo que no puede ser imputada a no ser que lo decida el Tribunal Supremo. Pesos pesados de la formación como Alfonso Rus, Emilio Llopis, María del Carmen García Fuster, María José Alcón, Máximo Caturla y Vicente Burgos ya han sido arrestados. Están acusados de cobrar comisiones ilegales a través de «mordidas» a adjudicatarias de contratos públicos.
Acorralado, el PP del País Valencià trató de mostrar «firmeza» contra la corrupción. Abrirá expediente y suspenderá de militancia a todos los imputados, cesándoles también de todos sus cargos. Una medida que suena ahora cosmética después de que, por ejemplo, hace menos de un año se difundiese un audio de Alfonso Rus en el que el «barón» del PP contaba billetes en su coche junto un empresario. Él lo negó y todo siguió igual hasta ayer, cuando la Guardia Civil procedió a su detención. «El PP va a ser contundente ante cualquier atisbo de corrupción», aseguraba una escueta nota publicada desde Génova a media mañana.
Más tramas en una semana
Al margen de cómo afecte el operativo al PP en el País Valenciá, que perdió las elecciones de mayo frente a un tripartito entre PSOE, Compromís y Podemos, esta trama no es la única que ha sacudido Génova en la última semana. El pasado viernes, horas antes de que el todavía presidente Rajoy decidiese no someterse a la votación de un Congreso hostil, un juzgado imputaba al partido por la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas. El 4 de febrero, dos días después de que su líder pase por segunda vez por Zarzuela, declararán Carmen Navarro, actual responsable de las cuentas en Génova, y un representante del partido, para explicar por qué se borraron unos ordenadores que eran claven en la investigación de los pagos de grandes empresas a altos cargos del partido.
Por si todo esto no fuese poco, dirigentes vinculados a Soraya Sáenz de Santamaría (a la que algunos medios ubican como posible sustituta de un Rajoy que todavía no ha decidido marcharse) aparecen vinculados a la trama de Acuamed, donde se estudia el posible desvío de fondos públicos grandes empresas como FCC y Abengoa. Unas compañías que, por cierto, aparecían entre los generosos donantes que Bárcenas apuntó en sus ya célebres cuadernos.
Siempre quedará Venezuela
Podría parecer que tantas evidencias harían que los portavoces del PP respondiesen de forma cautelosa. Pues no. Rafael Hernando, conocido por sus beligerantes comparecencias, apareció ayer en el Congreso para descartar que la corrupción que ahoga a su partido pueda ser un handicap a la hora de negociar con Ciudadanos, la primera opción de Rajoy y con quien ya se puso en contacto el lunes. «Tenemos un compromiso con los ciudadanos en la lucha contra la corrupción y vamos a ser inflexibles», se atrevió a decir el portavoz del PP, tirando del argumentario de la caverna y afirmando que lo verdaderamente grave es lo que la prensa de la derecha ha calificado como «Irangate» de Podemos. «Está acusado de haber recibido financiación de Irán, Venezuela y otros países», insistió.
Ciudadanos, por su parte, quiso marcar distancias respecto a Rajoy. Su portavoz Juan Carlos Girauta no quiso responsabilizar directamente al líder del PP pero sí le acusó de «negligencia». Siguiendo con el juego del «sí, pero no» que caracteriza a estas jornadas, el diputado de C´s no quiso descartar por completo a Génova como aliado y dejó claro que sus preferencias van hacia un acuerdo con PP y PSOE. Estos últimos siguen intentando ganar tiempo aunque cargan contra Rajoy. ¿Un modo de buscar otra cara en caso de verse obligados a abstenerse?
La Mesa manda a Podemos al gallinero y el Grupo Mixto pierde voces
Enfado en Podemos por la distribución de los diputados en la Cámara. Según la decisión adoptada por la Mesa, los 65 representantes del partido de Pablo Iglesias quedarán relegados al denominado «gallinero», la parte trasera del hemiciclo. Una ubicación que les hace perder visibilidad, lo que fue calificado por Iñigo Errejón como «decisión caciquil».
Aquí lo interesante es la posición que han mantenido los dos miembros del PSOE. Mientras que Patxi López, que ejerce como presidente, eludió votar y criticó la organización, su compañera de partido y vicepresidenta del órgano rector, Micaela Navarro, sí que votó junto a Ciudadanos y PP. Así que todo parece un doble juego.
También se reunió ayer la Junta de Portavoces, que decidió reducir el papel del Grupo Mixto, al que solo le corresponderá una única portavocía en las comisiones que se pongan en marcha a partir del próximo miércoles. Esto reduce la visibilidad de EH Bildu y el resto de integrantes de este grupo, ya que el año pasado había un portavoz y un adjunto, lo que permitía un reparto más plural entre los diferentes partidos.A.P.

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