El exvicepresidente del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Munián, salió ayer a defender el Navarra Arena, después de que se conociera una reclamación de 3,9 millones de euros por parte de la adjudicataria de la segunda fase de las obras. Sánchez de Muniáin aseguró que el control que se realizó de las obras fue «correcto» y que «no ha habido desvíos en el presupuesto». En cuanto a la abultada reclamación, para el responsable resulta «habitual que el Gobierno se enfrente a reclamaciones de actores privados».

Lo cierto es que no ha habido una única reclamación por parte de las empresas que construían el faraónico pabellón junto al Sadar (dos UTE conformadas por Obenasa y FCC), sino toda una batería de indemnizaciones por daños y perjuicios. En suma, son cinco millones los que se reclaman al Gobierno de Nafarroa.

En principio, el presupuesto para levantar el Navarra Arena era de 60 millones de euros, pero los retrasos y las reclamaciones hacen que, al final, el coste definitivo pueda rebasar los 68 millones de euros en el peor de los casos. La cifra resulta escandalosa si se compara con lo que costó el Madrid Arena, ya que el pabellón madrileño pensado para albegar los Juegos Olímpicos se construyó por 57 millones de euros. Cabe remarcar que el Madrid Arena es tan solo un poco mayor que su equivalente navarro, ya que cuenta con 500 asientos más que pabellón iruindarra, que tiene 10.000 localidades.

Fallan los cálculos de ingresos

Ayer, Sánchez de Muniáin se agarraba a que el coste de las obras no se disparó. Y tiene razón. Las empresas constructoras se ajustaron al presupuesto y el desvío es pequeño, tal y como recogió el año pasado un informe de la Cámara de Comptos. El problema vino cuando se revisaron los planes de viabilidad y se comprobó que el flamante pabellón era una ruina y que sus gastos de mantenimiento hacen inviable su apertura de forma continuada.

El gran macroproyecto de Javier Esparza como responsable de Deportes se inició sobre unas previsiones que decían que la obra se terminaría en 2011 y que al quinto año de funcionamiento, estaría ya generando un beneficio de 30 millones de euros, además de 900 puestos de trabajo. La obra tendría un «efecto multiplicador» de la inversión calculado en 123 millones.

El espejismo duró hasta 2012, cuando el Instituto Navarro para el Deporte hace unas nuevas estimaciones y las previsiones de ingresos se desploman. Ese informe «desecha la explotación íntegra y diaria del edificio al no garantizarse los ingresos suficientes». Pero las conclusiones del informe eran ya un secreto a voces en tanto que se había dado la orden de paralizar el ritmo de la construcción el año anterior. Es precisamente este frenazo en las obras en vista de lo difícil que sería recuperar el dinero el motivo de la cadena de reclamaciones por parte de las empresas constructoras. El Gobierno, hasta el año pasado, había reconocido estos daños a FCC y Obenasa, si bien Comptos señala que las indemnizaciones que abonó eran mucho menores que lo que las empresa les reclamaban, de ahí la inseguridad jurídica actual y que no se sepa el coste final de la infraestructura.

En todo caso, UPN mantuvo ayer que «había una demanda de una instalación de este tipo» y culpó del fiasco a la crisis. Las obras siguen sin finalizarse.