«Un pueblo tan consistente históricamente como el navarro (...) ve sus símbolos como auténtica representación comunitaria y no puede consentir que se vean menoscabados por la intolerancia de quienes pretenden imponer otros símbolos, de otras identidades contrapuestas». Este es el motivo por el que se elaboró la Ley de Símbolos de 2003, tal y como se escribe textualmente en la exposición de motivos. Esta ley, rubricada por Miguel Sanz, se elaboró para hacer más restrictiva aún una ley anterior de 1986 y dirigirla aún más claramente contra la ikurriña. Ahora, con la llegada del cambio, la norma tiene los días contados y se sustituirá por otra ley «no excluyente».

Las fuerzas del cambio aprobaron ayer una declaración institucional del Parlamento en la que se defiende la derogación de la Ley de Símbolos para sustituirla por otra que «recoja todas las aspiraciones legítimas de la ciudadanía que permita desarrollar una política de tolerancia e integración sobre los símbolos». Como en todos los temas de corte identitario, no hubo medias tintas y nadie se fue a la abstención. Los cuatro partidos que sostienen al Gobierno apuestan por derogar la ley, mientras que UPN, PSN y PP votaron en contra con argumentos tremendistas.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ponía ya fecha para un cambio en la ley que supone una reivindicación histórica. De hecho, la legislatura pasada, una de las contadas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que llegaron a la Cámara fue precisamente para solicitar este cambio legislativo. El rodillo de UPN-PSN impidió siquiera el debate de la misma. Según Araiz, la nueva norma podría estar lista antes del próximo verano.

Por su parte, Koldo Martínez (portavoz de Geroa Bai) aseguró que la ley que actualmente está en vigor «no responde a las necesidades, a los deseos, a los anhelos de una parte importante de la ciudadanía de Navarra».

Identidades y prohibiciones

Particularmente interés cobraron ayer las manifestaciones de los dos socios del acuerdo programático no abertzales y que, además, abordaron el tema con estrategias distintas. I-E prefirió pasar de puntillas insistiendo en que para ellos este «no es un tema muy importante». La líder de Podemos, Laura Pérez, sí que entró al fondo del asunto al asegurar que su partido está «contra las leyes que pretendan prohibir e imponer, sobre todo en una comunidad donde las identidades son varias y variopintas». Por ello, Pérez remarcó que la nueva ley debe ser «inclusiva y respetuosa», apostando además por dejar de lado las sanciones y «abogar por la democratización».

UPN y PP pugnaron a ver quién empleaba los términos más gruesos contra la declaración. «Puede hacer un daño tremendo a nuestra comunidad» o «es un total y absoluto despropósito», son algunas de las declaraciones que hicieron tanto Ana Beltrán como Javier Esparza. El PSN tampoco quiso quedarse a la zaga y afirmó que cambiar la ley «supone abrir un problema donde no lo hay» y que «no lleva a ningún sitio».

La Delegación no cesa en su denuncia contra Berriozar

La Delegación del Gobierno va a recurrir el archivo de su denuncia contra el Ayuntamiento de Berriozar por haber colgado durante las pasadas fiestas una ikurriña en el balcón. La Delegación afirma que se «respeta» la decisión del archivo, pero que no se «comparte», por lo que se va a presentar el recurso. Berriozar colgó la ikurriña durante el chupinazo apoyándose en que la ley permite exhibir una bandera distinta a las marcadas por la Ley de Símbolos a modo de homenaje. En ese caso concreto, debido a que se había invitado al acto a dos parlamentarios Gasteiz. Lo de Berriozar no fue un caso aislado, ya que muchos otros ayuntamientos recurrieron a esta táctica para exhibir la ikurriña, siendo el caso más llamativo el chupinazo de sanfermines. En el caso de Berriozar, la Delegación sostiene que hubo «fraude de ley». Pese a que el archivo de la denuncia conta Berriozar es público desde la semana pasada, la Delegación hizo coincidir su anuncio con la declaración institucional del Parlamento que se felicitaba por el archivo.