El Parlamento de Gasteiz instó ayer al Gobierno a que ponga en conocimiento de la Fiscalía el caso de los comedores escolares, para que valore si se pueden derivar responsabilidades penales del mismo. La resolución está recogida en una enmienda presentada por PNV, EH Bildu y PSE a sendas mociones sobre este caso, conocido después de que la Autoridad Vasca de la Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a las empresas que han prestado durante una década el servicio de comedores escolares públicos.

Este organismo inició una investigación tras recibir una denuncia de una empresa en la que se desvelaba un reparto de mercado y fijación de precios entre las ocho empresas. La enmienda añade una petición a Lakua para que estudie si se ha producido un daño patrimonial y, en ese caso, los servicios jurídicos «inicien cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados».

Elegir el modelo de gestión

También pide intensificar los trabajos con los agentes implicados, para que durante el contrato vigente analicen y decidan los pasos a dar con el objetivo último de adecuar el modelo de gestión de los comedores, de modo que en su caso cada centro público pueda elegir la forma de gestionar su comedor.

Precisamente, sobre este aspecto el parlamentario de EH Bildu Iñaki Lazarobaster expresó su satisfacción porque «hemos conseguido que el PNV y el PSE apoyen nuestra postura y accedan a abrir la puerta de los comedores a los modelos alternativos». «Les ha costado, pero nos alegramos porque hayan dado este primer paso en la buena dirección» indicó, añadiendo que «la alimentación de nuestros niños, niñas y jóvenes es demasiado importante como para dejarlo en manos de unas empresas gigantes que buscan prioritariamente el beneficio económico. Nuestra intención es seguir trabajando para que se multipliquen los modelos de gestión más saludables, de proximidad y justos, y para que estos tengan el total apoyo de las instituciones públicas».

A pesar de la práctica unanimidad al aprobar la enmienda –solo votó en contra el PP–, el debate estuvo marcado por un tono agrio, con Iñaki Oyarzábal (PP) acusando a los proponentes de actuar como «abogado defensor de los defraudadores», y el jeltzale Juan Antonio Arieta-Araunabeña reprochando al PP que quiera abrir un caso contra el actual Ejecutivo donde a su juicio no lo hay, «a la mejor tradición fascista», y de actuar de manera «goebbeliana». Añadió que el PP está «lleno de porquería», lo que se afronta «limpiando» o «intentando manchar a los demás con el ventilador».

Demanda en la calle de un modelo «más sano, cercano y justo»

Fuera de la Cámara, la plataforma Gure Platera Gure Aukera, que reúne a EHIGE (la confederación madres y padres de la escuela pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa), los sindicatos LAB, Steilas y EHNE Bizkaia y organizaciones que trabajan en el ámbito de la soberanía alimentaria y la producción ecológica, entre otros, se concentró para reclamar un modelo de gestión de los comedores escolares «más sano, cercano y justo». La reivindicación unitaria, a la que se han adherido escuelas y entidades como el Ayuntamiento de Urduña, propone un cambio de la normativa del año 2000 que incluya la posibilidad de que los centros que así lo demanden puedan tener su gestión propia del comedor. Para ello, reclaman al Gobierno de Lakua que lidere una mesa de trabajo para la transición a un nuevo sistema de gestión, en la que participen diferentes agentes.

Tal y como explican, actualmente Educación solo contempla un modelo de gestión a través de la adjudicación del servicio a empresas de cátering, un proceso que «ha supuesto la pérdida de control sobre la alimentación» y que ha acarreado la desaparición de muchas cocinas de escuelas y la ruptura de las relaciones con los productores más cercanos. La plataforma aboga por que cada centro pueda decidir de acuerdo a sus necesidades una gestión propia o a través de una empresa, así como qué empresa ofrecerá el servicio.N.G.