Hasier Arraiz será juzgado el próximo 9 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por el caso de la redada de Segura, por que el hace unos meses fueron igualmente juzgados en la Audiencia Nacional más de una treintena de militantes independentistas en una vista que acabó en acuerdo entre las partes en enero, por el cual nadie ha sido encarcelado.

Arraiz, al ser parlamentario y por lo tanto aforado, no fue juzgado en el tribunal especial español, pero sí lo será en el TSJPV, bajo la acusación de «integración en organización terrorista». De hecho, la Fiscalía Superior del País Vasco solicita para el dirigente de Sortu seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público, lo que resulta cuanto menos paradógico visto el resultado del juicio celebrado en Madrid. La AVT y Dignidad y Justicia ejercen la acusación popular y piden una condena de 10 años.

EH Bildu denunció ayer que Arraiz será juzgado «por razones exclusivamente políticas, al igual que decenas de ciudadanos y ciudadanas vascas que han sido juzgadas y condenadas por su actividad política», y reclamó «que se ponga fin a los juicios políticos». Al parecer de la coalición, «con juicios como el que va a tener que hacer frente Arraiz, el Estado español se aleja todavía más de los estándares democráticos europeos e internacionales». Sortu comparece hoy en rueda de prensa.