El juicio programado contra Hasier Arraiz el próximo 9 de mayo es en opinión de Sortu un ejemplo de la «persecución contra el independentismo y la disidencia política» que se produce en el Estado español. Así lo expresó ayer Pernando Barrena, que compareció ante los medios para valorar el procesamiento de su compañero de partido por el caso de la redada de Segura.

El portavoz independentista señaló que las circunstancias que se van a dar en este juicio son las mismas que las que pasaron los acusados del sumario 04/08, vinculado a la misma operación, o el «caso Bateragune» y, por tanto, «es de carácter político, contra la actividad política legítima de la izquierda independentista, ubicado en el decenio negro de las ilegalizacio- nes y la Ley de partidos». Al respecto, Barrena consideró que el juicio contra Arraiz «está fuera de tiempo y lugar» y también «de la realidad política y social de este país», siendo un ejemplo de «persecución política que deja en evidencia que de la misma manera que en el Estado español hay presos políticos también hay una persecución política contra el independentismo y la disidencia al sistema».

Balance de ese «decenio negro»

Haciendo balance, el portavoz de Sortu recordó que «por aplicación de la Ley de partidos y la teoría del todo es ETA se encarcelaron personas por hacer listas electorales, se ilegalizaron partidos políticos, se persiguieron ideas, se cerraron medios de comunicación y se alteró el censo electoral, llegó a haber alcaldes que no habían sido votados para ello e incluso el hoy presidente del Congreso español, Patxi López, tiene en su currículum haber sido lehendakari de paja, tras eliminar del censo al 25% de la ciudadanía». En el lado opuesto, se felicitó de que «miles de ciudadanos dijeron no a la vulneración de derechos y siguieron haciendo actividad política en nombre de la izquierda abertzale», lo que posibilita que «el trabajo por el nuevo tiempo político ha dado grandes resultados y hoy conocemos un escenario con grandes oportunidades para la paz y la normalización política gracias a quienes en ese momento supieron poner pie contra pared y desde luego no permitieron que las ideas fueran ilegalizadas».

Tras destacar que Hasier Arraiz se encontraba entre esas personas, Barrena apostilló que «el mismo espacio político que fue perseguido e ilegalizado en aquel momento hoy es legal» y, por ello, «no tiene sentido alguno» que se le enjuicie por «haber realizado una actividad política entre 2005 y 2008 que hoy es totalmente legal».

DyJ intenta que Argentina actúe contra independentistas

Un tribunal argentino ha admitido el recurso de Dignidad y Justicia contra el archivo de la querella que interpuso por los atentados contra José Luis Caso y Manuel Zamarreño en 1997 y 1998. Su objetivo es que se impute por ello a 41 militantes independentistas, entre los que figuran personas que han pertenecido a ETA y a Batasuna. Pero a diferencia de lo que pasa con la querella del franquismo que se instruye en Argentina, todos los señalados en esta clara réplica han sido condenados por acusaciones relacionadas con ETA y han cumplido o cumplen todavía las penas impuestas, por lo que no cabe evocar impunidad alguna, que es el argumento en el que se basa la apelación a la justicia universal. GARA