Las exresponsables de la Hacienda Helena Franco e Itziar Miner expusieron en Barcelona la experiencia de Gipuzkoa en la búsqueda de un sistema fiscal más justo y progresivo, y dieron a conocer el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. Su experiencia se sumó a las aportaciones de organizaciones como Gestha y Oxfam.

La iniciativa partió de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, formada por un colectivo de personas individuales y un conjunto de entidades que apoyan su trabajo.

Su vocación es acercar el debate fiscal a la ciudadanía y denunciar los males que aquejan a los actuales sistemas de impuestos que, básicamente, cargan sobre las rentas salariales el peso del Estado de bienestar y de la Administración al bajar los impuestos a las rentas de capital y eliminarlos para la riqueza.

Con el objetivo de ampliar el debate fiscal, organizaron la reciente jornada, que dejó algunas conclusiones para la reflexión.

Tras analizar el modo en que operan las grandes compañías, la representante de Oxfam Susana Ruiz concluyó su intervención diciendo que mientras que para las multinacionales no existen fronteras, las administraciones tributarias tienen un claro mandato territorial que limita sus actuaciones a una determinada región; es por ello que se está librando una batalla totalmente desigual.

Helena Franco, por su parte, apuntó que, si bien se puede avanzar en un solo estado o territorio en la tributación de la riqueza, haciendo propuestas realistas y acotadas, siempre será más fácil si hay una mayor armonización internacional que reduzca el riesgo de fugas; sobre todo, porque así se desactiva la coartada que justifica la inacción o incluso el retroceso en cuestiones de justicia fiscal.

Ambas coincidieron en subrayar la importancia de los acuerdos internacionales en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Sobre la experiencia de Gipuzkoa, Franco explicó que la reacción del poder económico es visceral, por lo que el apoyo de los agentes políticos y sociales es fundamental.

Amplio abanico de temas

El programa comenzó con una ponencia del técnico de Hacienda de la asociación Gestha Miguel Ángel Mayo, quien de forma sencilla y clara explicó qué son los impuestos, cuáles son los más importantes y para qué sirven. A modo de conclusión propuso una serie de ideas para una fiscalidad más justa: equiparación de las rentas de trabajo y capital, controles reales a la tributación de la riqueza, transparencia y medidas para valorar el gasto público.

A partir de esta introducción se desarrolló el variado programa de la jornada, en la que se trató desde el Impuesto sobre la Riqueza de Gipuzkoa, la fiscalidad ambiental, los paraísos fiscales hasta la controversia sobre la fiscalidad de la Iglesia.

 

El valor político de la tributación sobre la riqueza

La exdiputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, comenzó su intervención señalando que la tributación sobre la riqueza había desaparecido tanto de la discusión teórica como de la aplicación práctica. Las políticas neoliberales y el discurso único habían apartado el tema. Subrayó la importancia que tienen el sistema de impuestos, puesto que condiciona en gran medida el modelo de sociedad: una sociedad cohesionada y con menores desigualdades requiere una fiscalidad justa. Y no puede haber un sistema tributario justo sin acometer la tributación sobre la riqueza.

A continuación desgranó las razones que a su juicio dan sentido a un impuesto sobre la riqueza. En primer lugar, la riqueza proporciona un mayor poder económico y esa mayor capacidad justifica la tributación adicional que ayuda, además, a legitimar el sistema tributario.

Un tributo sobre la riqueza permite un control democrático sobre los patrimonios acumulados, su composición y distribución, que es clave para luchar contra el fraude fiscal.

En tercer lugar apuntó la función recaudatoria que, aunque limitada frente a otros impuestos, proporciona ingresos estables. Una cuarta razón es que la tributación de la riqueza incentiva un uso productivo de la misma: al gravar los bienes se impulsa a las personas propietarias a intentar obtener el mayor rendimiento de los mismos.

Por último, la tributación de la riqueza frena parcialmente la concentración de riqueza; efecto que es mucho mayor si se combina con políticas de gasto que refuercen el carácter distributivo.I.E.

 

Oxfam aboga por una ley contra el fraude fiscal en los tres primeros meses de legislatura

La responsable de justicia fiscal de Oxfam Susana Ruiz analizó los flujos cruzados dentro de las grandes corporaciones. Por ejemplo, el 26,4% de la inversión del Estado español en el exterior son préstamos a empresas, es decir, las empresas invierten en el exterior para prestarse a sí mismas con el único fin de pagar menos impuestos.

El 56% de la inversión que llega al Estado español lo hace desde paraísos fiscales. Puede parecer que son las empresas de otros países las que utilizan los paraísos fiscales pero, en realidad, la mayoría son empresas españolas. El Estado español es el segundo inversor en el Estado español. El 12,4% de los fondos que salen para ser invertidos en el exterior terminan invertidos en el Estado después de pasar por un paraíso fiscal.

La representante de Oxfam propuso aprobar durante los primeros 100 días de la nueva legislatura una ley contra la evasión fiscal con el objetivo de recuperar la progresividad, gravar a los que más tienen y romper con los privilegios.

Susana Ruiz formuló los grandes objetivos que debería cumplir esa ley: establecer mecanismos para que las grandes empresas paguen lo justo, lo que corresponde por todas sus operaciones; dar una definición de paraíso fiscal vinculante que establezca sanciones a quien los utilice; impulsar la transparencia por medio de registros públicos; establecer las bases para un sistema multilateral de intercambio de información que incluya a los países en desarrollo; y exigir a las multinacionales informes país por país para conocer el alcance real de sus negocios en cada país.

La ley también debería impulsar la ejemplaridad de la administración pública estableciendo mecanismos que no permitan la contratación pública en ningún nivel de la administración a aquellas empresas que operen en paraísos fiscales.I.E.

 

La Plataforma per una Fiscalitat Justa impulsará una campaña contra los paraísos fiscales

Cecile Barbeito presentó la campaña que impulsa la plataforma contra los paraísos fiscales. Introdujo el tema ofreciendo algunos datos sobre la importancia que tienen en la economía mundial: al menos un tercio de la riqueza mundial se encuentra domiciliada en paraísos fiscales y alrededor del 50% del comercio mundial se realiza en ellos. Su uso permite a las grandes multinacionales pagar solamente el 1,5% de sus beneficios en impuestos.

Utilizan también otro tipo de instrumentos. Barbeito puso dos ejemplos: los acuerdos secretos con las haciendas de determinados países que permite que las grandes corporaciones no paguen prácticamente nada. El más conocido es el caso de Luxemburgo por la implicación del actual presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, que entonces era primer ministro del Gran Ducado.

Los llamados precios de transferencia es otro de los instrumentos que utilizan las multinacionales para desviar los beneficios. La práctica consiste en alterar los precios de los subproductos que se venden entre filiales de un grupo para que los beneficios aparezcan allá donde menores son los impuestos. Barbeito puso como ejemplo la operativa de la multinacional sueca IKEA.

Respecto a lo que se entiende por paraíso fiscal, la cuestión no está todavía cerrada. A pesar de ello, la plataforma plantea realizar una campaña contra los paraísos fiscales, cuyo objetivo sería conseguir la introducción de criterios de responsabilidad fiscal empresarial en la contratación pública a fin de incentivar la contratación de empresas que cumplen con Hacienda sin utilizar subterfugios.

La campaña plantea tres ámbitos de actuación: el campo político con mociones en los ayuntamientos para que los municipios se declaren libres de paraísos fiscales, una vía técnica que explore la posibilidad de hacer operativas cláusulas sociales en las licitaciones públicas y, por último, la vía de sensibilización social. I.E.