El fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, acusa a la trama de 26 imputados en el llamado «caso De Miguel» de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude en la contratación, cohecho, coacciones, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y en documento mercantil y tráfico de influencias. Pide para ellos un total de 442 años de cárcel, además de fianzas millonarias.

Al frente de la «asociación ilícita» el fiscal sitúa a Alfredo de Miguel, número 2 del PNV cuando en marzo de 2010 saltó el escándalo y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial hasta que lo detuvo la Ertzaintza. Para él pide casi 55 años de prisión y una fianza de 25 millones de euros.

El escrito de acusación sostiene que «en fecha indeterminada anterior a 2005», De Miguel «ideó la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo y que, aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados», aprovechó «para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

En ese entramado aparecen como principales implicados, junto a De Miguel, los también burukides Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, para quienes el fiscal demanda 32 años de cárcel.

Los tres crearon la empresa Kataia Consulting en unión de sus esposas, que aparentemente eran quienes la administraban. En teoría esta empresa se dedicaba a trabajos de asesoría, sin contar ni con los recursos materiales ni humanos para esa actividad económica. De hecho, su sede estaba en una sociedad gastronómica.

Contratos irregulares

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el objetivo real de esta y otras empresas era «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas» para ellos o para terceros, cobrando o pidiendo comisiones después.

La acusación detalla hasta diez operaciones ilegales. Estas pueden agruparse a su vez en distintas tramas.

Una de ellas, y que estuvo en el origen de la investigación, está relacionada con el Parque Tecnológico de Araba, donde se describen contrataciones ilegales, intento de cobro de comisiones e incluso extorsión. La empresaria Ainhoa Alberdi llevó en su día a la Fiscalía más de una veintena de grabaciones en las que Alfredo De Miguel y Aitor Telleria le exigen comisiones después de que se le adjudicara a su empresa, Urbanorma Consulting, una contrata.

En relación a este caso está imputado Alfonso Arriola, que era gerente del Parque Tecnológico y para el que el fiscal pide 21 años de cárcel.

Otra trama se basa en la contratación ilícita de servicios del Plan Joven del Gobierno de Lakua y el pago por trabajos inexistentes a cargo del Departamento de Cultura en tiempos de Ibarretxe. Ahí aparecen involucrados Iñaki San Juan, ex concejal del PNV de Leioa (petición de más de 21 años de cárcel), Xabier Sánchez, director de Juventud de Lakua (18 años de cárcel) y Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura (17 años).

Hay además acusaciones de cobros de comisiones por adjudicación de obras públicas en Labarka y Zigoitia. Y una operación de mayor envergadura en Zanbrana. Esta da lugar además a lo que el fiscal define como una «trama catalana» y se denuncian delitos contra la Hacienda Pública.

Lakua acusa y no prejuzga

Después de que la Fiscalía haya oficializado su documento de acusaciones, se está a la espera de que el resto de las partes personadas presente también sus respectivos escritos. El juicio podría celebrarse en otoño, aunque podría retrasarse. No cabe olvidar que las elecciones autonómicas tienen como fecha natural finales de octubre.

Una de esas partes personadas en la causa es el Gobierno de Lakua, quien dio el paso para defender el interés público y añadió que así será «hasta el final» y «sin prejuzgar el fondo». También mostró su deseo de un esclarecimiento «rápido, completo y definitivo».

PNV: Depuración e inocencia

En cuanto al EBB del PNV, hizo pública ayer una nota en la que «pide y desea el esclarecimiento total de los hechos y la depuración de todas las responsabilidades, si las hubiere». Pero al mismo tiempo añade que «esta demanda es compatible con la exigencia del respeto a la presunción de inocencia de todas las personas encausadas, elemento básico en todo Estado de Derecho».

Además, la dirección jeltzale «exige la no politización de un caso cuyo origen no se localiza en la actividad de un colectivo, sino en el supuesto comportamiento de particulares». Aclara también que todos los implicados entregaron voluntariamente el carné del partido, aunque a algunos les costó varios meses dar el paso desde la solicitud pública del entonces presidente del EBB, Iñigo Urkullu.

El PNV considera «llamativa e inusual» la cuantía de las penas y fianzas solicitadas, y «dados los antecedentes del fiscal» pide que se extreme el rigor procesal. También cree que la presentación de los escritos de otras acusaciones y de las defensas «aportará una visión más global y completa de un asunto tan sensible».

EH Bildu pide «urgencia»

Tras conocerse el escrito de acusaciones del fiscal, el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales, Kike Fernández de Pinedo, considera «urgente» que se aclare «de una vez si existió o no una trama organizada de contratos, adjudicaciones, comisiones y financiación ilegal. Ya que sería de extrema gravedad que Araba entrara de lleno en el mapa de la corrupción, equiparándonos al modelo valenciano o madrileño». Dada la gravedad de las acusaciones, ve incomprensible lo que se está alargado el caso.

Desde el PP, Carmelo Barrio lamentó que el «nombre de Álava quede en entredicho». Aseguró que es «el mayor presunto caso de corrupción en el País Vasco» y aunque «afecta al PNV, supone un deterioro claro para la imagen de Álava».

 

Personajes clave

FALFREDO DE MIGUEL
PETICIÓN: 55 AÑOS
Número dos del PNV de Araba y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial hasta su detención. Se le acusa de ser el líder de la asociación ilícita creada para su lucro personal aprovechándose de su posición política.

AITOR TELLERIA
PETICIÓN: 32,5 AÑOS
Burukide alavés, pieza clave del PNV en el territorio, fue concejal en Gasteiz. Se le coloca en la cúspide de la asociación ilegal.

KOLDO OCHANDIANO
PETICIÓN: 32,5 AÑOS
Dirigente del PNV alavés, se le acusa de ser contribuir a crear la red de sociedades mercantiles de la asociación.

AINHOA BILBAO, ARACELI BAJO E IRATXE GAZTELU-URRUTIA
30,5 AÑOS, 21,5 Y 21,5 AÑOS
Esposas de los tres anteriores, el fiscal les acusa de ser formalmente las administradoras de Kataia Consulting SA, firma clave de la trama ilegal, cuya sede social estaba en una sociedad gastronómica.

ALFONSO ARRIOLA
PETICIÓN: 21 AÑOS
Gerente del Parque Tecnológico de Miñano, acusado de fraude, cohecho, falsedad y coacción. La ampliación del parque está en el origen del inicio de la investigación.

IÑAKI SAN JUAN
21 AÑOS Y 8 MESES
Exconcejal del PNV en Leioa, administrador de la empresa Errexal que aparece como clave en el cobro de comisiones por contratos irregulares.

XABIER SANCHEZ
18 AÑOS Y 4 MESES
Director de Juventud en gobiernos de Ibarretxe, está acusado de adjudicar a dedo trabajos a la trama que no se hicieron pero se cobraron.