Le presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, sufrieron ayer un nuevo revés después de que la Corte Suprema (CS) aceptara el acuerdo de cooperación propuesto por Delcidio Amaral, exjefe del oficialismo en el Senado, quien ha implicado a ambos en la red de corrupción en Petrobras.

El acuerdo ha sido aceptado cuando la crisis política que enfrenta el Gobierno de Rousseff se ha agudizado y se agravan las sospechas sobre el expresidente, acusado por la Fiscalía de lavado de dinero vía ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, cargos que la Justicia estudia.

Según las declaraciones de Amaral, adelantadas por la revista “Istoé”, Rou- sseff y Lula «sabían» de la trama en la petrolera e intentaron «manipular» a la Justicia para obstruir la investigación y liberar a algunos acusados.

Amaral fue encarcelado en noviembre acusado de «obstaculizar a la Justicia» y de intentar sobornar a varios implicados a cambio de su silencio. Hace un mes, la CS autorizó su arresto domiciliario y que retome su actividad parlamentaria, algo que todavía no ha hecho.

Según la revista, Amaral habría culpado a Rousseff de intervenir directamente en la designación de algunos miembros de la CS para favorecer «la liberación» de varios empresarios detenidos, algo que habría tratado «personalmente» con ella.

En cuanto a Da Silva, declaró que fue quien le «pidió expresamente» que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró para que no colaborase con la Justicia, y también a algunos de los implicados en el caso de los sobornos parlamentarios destapado en 2005, durante el primer mandato de Lula da Silva.