«¿Por qué apenas nadie se escandaliza por el hecho de que un secuestrador pueda llegar a ser lehendakari en el País Vasco? ¿Por qué en los informativos, las redes sociales o en las tertulias no se considera inadmisible que un dirigente de una banda terrorista pretenda representarnos en las instituciones? ¿Qué tipo de sociedad narcotizada frente al terror se ha ido construyendo para no poner el grito en el cielo ante esta provocación?». Estas son algunas de las angustiadas preguntas que el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, lanzaba ayer a los cuatro vientos en un artículo publicado en “El Correo” y recogido también en un blog personal.

Urquijo se aferra a que, según la sentencia que incluye una inhabilitación inconcreta, «resulta evidente que hasta el mes de septiembre de 2021 Otegi no puede ser candidato en ninguna elección ni ser elegido cargo público». Pero ni él mismo se fía de sus propias predicciones, porque «el desafío legal está en marcha», y admite en su artículo que «no sé lo que finalmente determinará la Junta Electoral Central o el Tribunal Supremo en relación con los recursos que serán presentados».

El delegado del Gobierno del PP asegura que «espero una respuesta adecuada del Estado de Derecho». Pero añade que «me gustaría sobre todo una reacción social que hiciera insostenible para Bildu mantener la candidatura que acaban de presentar». Luego, ante la evidencia de que eso no va a ocurrir, admite que «sé que es un sueño lo que pido, pero considero una obligación desearlo».

Grave acusación a EH Bildu

En su artículo, Carlos Urquijo recrea otra supuesta realidad inexistente, cuando afirma que «todos los partidos sin excepción» han convenido que ningún afiliado o simpatizante manchado por acusaciones de corrupción «puede representarnos». E inventa que «la mera condición de investigado, sin abrirse siquiera juicio oral, supone la exclusión y el apartamiento del partido y no digamos de una candidatura». El PP, con Rita Barberá y los concejales de Valencia, y el PSOE, con José Ramón Gómez Besteiro, le contradicen con hechos estos días.

En todo caso, Urquijo asegura que «comprendo y comparto la repugnancia y el hastío ante tantas conductas bochornosas que deben ser castigadas y excluidas». Pero frente a ello, el delegado del Gobierno de Mariano Rajoy contrapone que «no puedo comprender el silencio, cuando no el aplauso, al conocerse la pretensión del brazo político de una banda terrorista por ofrecernos el liderazgo político de uno de sus miembros».

Referirse a EH Bildu como «brazo político de una banda terrorista» parece una acusación temeraria y contraria a las resoluciones de los tribunales, que bien podría ser objeto de una denuncia judicial por parte de la coalición de izquierdas.

Carlos Urquijo entiende que la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari es «un desafío legal» y «un desafío moral», en el que luego se presentarán como «víctimas», algo que «sorprendentemente les ha dado resultado en ocasiones», concluye.

La fiscal general anuncia acción

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aseguró el domingo en una entrevista en “Abc” que «Otegi no puede ser candidato hasta 2021. Eso está judicialmente claro». Pero, por si acaso, anunció su disposición a «articular todos los recursos jurídicos pertinentes» para evitar que se presente a las próximas elecciones autonómicas.

Madrigal recalca que debido a su inhabilitación «no puede ser elegido para ningún cargo de elección popular autonómica, local o estatal».

Sin embargo, es precisamente esa precisión la que falta en la sentencia y es la misma carencia que posibilita, por ejemplo, que Iker Casanova sea parlamentario en estos momentos.

En todo caso, la fiscal anuncia acción. «Es la Junta Electoral Central –dice– la que no puede admitir su candidatura, puesto que está inhabilitado. Si no lo supiera, la Fiscalía le remitiría las resoluciones judiciales. Si no lo aceptara, cosa hipotéticamente remota, se articularían los resortes jurídicos pertinentes». I.I.