La presidenta brasileña denunció ayer lo que calificó de «conjura contra la estabilidad democrática» del país, al aludir al trámite para un eventual juicio político con miras a su destitución que ha comenzado en el Congreso.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados se preparaba ayer para decidir si incluye o no la denuncia realizada por el senador Delcidio do Amaral sobre supuestos actos de corrupción cometidos por la mandataria y por Lula en el caso Petrobras.

«Si es necesario movilizar a la sociedad en una campaña por la legalidad, que quede claro que me sobran energías, disposición y respeto a la democracia para el enfrentamiento necesario a la conjura que amenaza la estabilidad institucional y democrática», dijo en un acto con juristas.

En un duro discurso, Rousseff aseguró que está en marcha «una ruptura institucional que se forja en los sótanos» de la política y apunta a «desconocer el legítimo mandato» que recibió de la sociedad brasileña en las urnas.

Rousseff recibió ayer a un grupo de juristas que calificó de «ilegal» el proceso iniciado en el Congreso, que tildan de «maniobra para derrocar a un Gobierno popular».

Entretantro, una magistrada del Tribunal Supremo de Brasil rechazó ayer un recurso presentado por Lula en el que pedía validar su nombramiento como ministro.

Odebrecht, conglomerado brasileño que actúa en 28 países, fue blanco ayer de una nueva fase de la Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción, que investiga gigantescos desvíos en la petrolera estatal. Se movilizaron 380 policías federales para cumplir 110 órdenes de registro, en ciudades de nueve diferentes estados.