Turquía se parece cada vez más al callejón sin salida que fueron los años 90. Esta semana se prevé discutir en el Parlamento el levantamiento de la inmunidad de los diputados con causas legales pendientes. En total son 136, pero detrás de ese número el objetivo son las decenas de parlamentarios del HDP acusados de apoyar al PKK. El proyecto de ley redactado por la comisión necesita al menos 3/5 de los votos para aplicar la medida vía referéndum o 2/3 para evitar la votación popular. Pero en una Cámara dominada por el AKP, y con los Lobos Grises y kemalistas apoyando en público la decisión, sería una sorpresa que no fuera aprobada por la vía rápida.

«Puede que nuestra inmunidad sea levantada, pero ni uno solo de mis compañeros irá voluntariamente a testificar. Cómo nos atrapen es su propio negocio. No será fácil», ha retado Selahattin Demirtas. Aunque como sucedió con los miembros del Partido Democrático (DEP), uno de los predecesores del HDP, es cuestión de tiempo que los furgones policiales esperen a la salida del Parlamento. O tal vez en sus casas; o en la calle. Porque esa es la idea de Erdogan, encarcelar a la vía política kurda, la misma que por el momento le ha privado de su sistema presidencialista.

En el año 2002, el Tribunal Europeo condenó a Turquía por violar los derechos políticos de los diputados del DEP. Puede que una década más tarde también dé la razón al HDP, aunque ya sea tarde para evitar las nefastas consecuencias de esta medida. Eso no lo ha dejado de repetir Demirtas, pero quienes le escuchan son los mismos que rechazan la política bélica de Erdogan. El resto del país, que cada día ve morir a sus soldados, desea juzgar a quienes consideran la rama política del PKK.

El conflicto en Kurdistán Norte ha afectado a más de un millón de civiles. Miles de activistas y decenas de alcaldes kurdos han sido detenidos por secundar las autonomías democráticas o emitir propaganda de la guerrilla. Esos políticos locales son quienes más sufren el conflicto, conviviendo con él a diario e incluso relatando la situación bajo la artillería turca. Ahora, y pese a que pocos vean qué resultado traerá la senda de la represión, el cerco llega al Parlamento.

Tras diez meses de conflicto tanto el AKP como el PKK aseguran haber incrementado su apoyo popular. Pero hablando con la ciudadanía la percepción más bien sugiere que ambos lo están perdiendo. Gareth Jenkins, experto en la causa kurda, explica una importante diferencia: los kurdos pueden estar enfadados con ambos, pero saben que la guerrilla lucha por ellos y la ira actual podría ser temporal, mientras que el AKP no podrá recuperar la confianza perdida.

Fue precisamente el pueblo kurdo quien apoyó al AKP durante sus dos primeras legislaturas. Los islamistas llenaron el vacío del pueblo olvidado, entregando tibios derechos que ayudaron a construir el último proceso de diálogo.

Desde octubre de 2014, cuando Erdogan mostró su rechazo a los kurdos sirios durante el cerco a Kobane, esa confianza se fue haciendo trizas. Entonces surgieron las barricadas y las zanjas que son reflejo de la resignación de parte de la sociedad kurda. Nadie quiere la guerra, pero algunos no ven otra opción. Esos algunos son los jóvenes que integran la milicia urbana YDG-H. La mayoría cargan con los traumas de sus familiares y no creen en una solución política. Cerrar el Parlamento a los kurdos solo incrementará el número de jóvenes que irán a la montaña, como aquí se dice de quienes se unen PKK

En Turquía, el único partido coherente con sus ideales es el panturco MHP, que nunca quiso compartir asientos con los kurdos. El CHP, al igual que el HDP, ha pedido quitar la inmunidad a los 550 parlamentarios para así presionar a los miembros del AKP con causas pendiente. Pese a no conseguirlo, su líder, Kemal Kiliçdaroglu, ha asegurado que apoyarán el levantamiento de la inmunidad de los kurdos para no ser acusados de secundar el «terrorismo». Es esta ambigüedad la misma que repele su ascenso electoral y pone en duda la etiqueta socialdemócrata de los kemalistas.

En el AKP la situación es diferente. Sus líderes parecen haber olvidado su pasado: el antiguo orden intentó acabar con sus victorias democráticas escudándose en el rígido kemalismo. En su caso era por su supuesta agenda islámica, y por esa rendija trataron de ilegalizar el partido o evitar que Abdullah Gül fuese investido presidente por estar casado con una mujer que utiliza velo.

Fuera de la política, el gran precio de no mirar al pasado lo pagará de nuevo el pueblo anatolio: habrá más atentados y la sociedad estará un paso más cerca del recelo étnico de los años 90. El HDP está advirtiendo de esto, pero nadie parece escuchar unos gritos que intentan evitar la radicalización de un conflicto por todos conocido. Demirtas recordó a Kiliçdaroglu que «será un error histórico», aunque más bien parece una vuelta al pasado.