La magistrada María Eneida Arbaizar, del Juzgado de Instrucción número 4 de Gasteiz, hizo público ayer un auto en el que abre juicio oral contra Alfredo de Miguel y otras veinticinco personas, muchas de ellas dirigentes o militantes del PNV, a las que se acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude en la contratación, cohecho, coacciones, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y en documento mercantil y tráfico de influencias.

Al frente de esta «asociación ilícita», el fiscal sitúa a Alfredo de Miguel, número 2 del PNV cuando en marzo de 2010 saltó el escándalo y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial hasta que lo detuvo la Ertzaintza. Para él pide casi 55 años de prisión por una ristra de delitos que ocupan casi dos folios y medio de letra pequeña.

La jueza ha fijado para él una medida cautelar de 16,5 millones de euros, con la amenaza de embargo de bienes si no hace frente a estas obligaciones. En total, las fianzas superan los 80 millones de euros.

Aprovechando ser del PNV

El escrito del fiscal sostiene que «en fecha indeterminada anterior a 2005», De Miguel «ideó la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo y que, aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados», lo que aprovechó para su enriquecimiento propio y de terceras personas. Entre estas aparecen como principales implicados los también burukides Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, para quienes el fiscal demanda 32 años de cárcel.

Los tres crearon la empresa Kataia Consulting en unión de sus esposas, que aparentemente eran quienes la administraban. En teoría esta empresa se dedicaba a trabajos de asesoría, sin contar ni con los recursos materiales ni humanos para esa actividad económica. De hecho, su sede estaba en una sociedad gastronómica. El objetivo real de esta y otras empresas era «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas» para ellos o para terceros, cobrando o pidiendo comisiones después.

El Gobierno de Lakua, personado como acusación particular, no pide penas de cárcel, por considerarlo «redundante» a la vista de la petición fiscal, una decisión inusual, puesto que son muchos los juicios en el que las distinta partes piden cárcel para los mismos acusados.

El PNV tardó cuatro meses en pedirles el carné del partido y los acusados otros seis en entregarlo

Cada vez que al PNV le mentan el «caso De Miguel» suele responder que reaccionó con celeridad, apartando a los implicados de sus cargos y pidiéndoles que entregaran el carné. Lo primero es cierto, lo segundo no tanto.

Al día siguiente de que el 18 de marzo de 2010 le detuviera la Ertzaintza, Alfredo de Miguel fue forzado por el diputado general de Araba, Xabier Agirre, a dimitir de su cargo en el Ente foral y como miembro del Consejo de Administración de Caja Vital. A los pocos días Aitor Telleria dejó su puesto en el ABB. Pero el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, no les pidió que entregaran el carné del partido hasta el 23 de julio, más de cuatro meses después de que estallara el caso. Lo tuvo que repetir en agosto, porque no le hacían caso. Finalmente, la entrega de los carnés se produjo en enero de 2011, medio año después de la petición de Urkullu y tras duras negociaciones internas. Y después, algunos burukides siguieron dándoles muestras públicas de apoyo. I.I.