Los usos parlamentarios en la Cámara de Gasteiz conllevan que las peticiones de ampliación de plazo de enmiendas suelan concederse, para que los grupos puedan trabajar con mayores garantías los proyectos de ley. Pero la tradición se rompió ayer en la reunión de la Mesa. PP y UPyD pidieron más tiempo para plantear enmiendas a la Ley de Víctimas de la Violencia del Estado, lo que tendría como consecuencia que el proyecto no podría aprobarse en esta legislatura y, por tanto, no habría ya razón para presentar tampoco esas enmiendas.

Cuando el punto del orden del día llegó a la reunión de ayer de la Mesa, el PSE votó a favor de aceptar la ampliación de plazo. EH Bildu y PNV votaron en contra. Lo mismo ocurrió, por cierto, con la Ley de Turismo, que también urge ser aprobada.

Se da la paradoja de que lo más probable es que la Ley de Víctimas acabe siendo aprobada con los votos de PNV y PSE, puesto que EH Bildu le ve todavía muchas deficiencias.

Pero Julen Arzuaga explicó ayer que las víctimas a las que puede resarcir en parte esta ley han sido escuchadas en las pasadas semanas en el Parlamento, y aunque muchas de ellas expresan críticas por la falta de igualdad con, por ejemplo, las «victimas del terrorismo», a su vez consideran que el proyecto es un paso adelante. Por ello, EH Bildu se opuso ayer a lo que considera una maniobra para evitar avanzar en este terreno y anunció la presentación de enmiendas para corregir la ley.

José Antonio Pastor decidió también hacer declaraciones para desmentir que, como interpretó que dijo Arzuaga, el PSE pretenda obstaculizar esta ley. Sin embargo, insistió en que si no se llega a aprobar por los plazos será por culpa del Gobierno y no del Parlamento. A tenor de su tono y otros datos, da la impresión de que el PSE tiene una pugna para que el Ejecutivo de Urkullu no apruebe tantas leyes como hizo el de Patxi López en la pasada legislatura.

Carmelo Barrio, del PP, tachó de «desfachatez» que no se hubiera concedido la prórroga del plazo de enmiendas, y que Julen Arzuaga hubiera dado cuenta de lo ocurrido mientras la Mesa todavía seguía reunida. Anunció un recurso contra la decisión, que tiene pocas posibilidades de prosperar, porque no hay obligación alguna de conceder los aplazamientos.

Con todo, la ley sigue con los plazos muy justos y habrá que habilitar varios días de julio para que pueda aprobarse.