No acaba de concretarse la aportación económica del Ejecutivo de Lakua y la Diputación vizcaina para sufragar los 17 millones de euros que, según previsiones municipales, costará la estabilización de la ladera de Kamiñalde y la reparación de los daños causados por el desprendimiento. Ayer, el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, el diputado gene- ral, Unai Rementeria, y el alcalde de Ondarroa, Zunbeltz Bedialauneta, se reunieron para abordar el tema y acordaron formar un grupo de trabajo que busque cómo financiar las obras.

La próxima semana se reunirá una comisión técnica que analizará los costes del proyecto. El Consistorio insistió en que no lo puede asumir en solitario y que es preciso la aportación de la administración foral y la autonómica. Frente a una «situación de emergencia», según recordó Bedialauneta, con 105 familias fuera de sus viviendas desde marzo, las otras instituciones repiten que es necesario analizar los distintos seguros implicados en el suceso, estudiar la gestión y el coste de la intervención en la ladera para tratar de rebajar su cuantía, y ver si se pueden solicitar ayudas al Gobierno español.

Desde la Diputación se insistió en que «mantiene su compromiso con Ondarroa, basado en un acompañamiento técnico y jurídico permanente». Respecto a su aportación económica, el Gobierno foral dijo que ha abonado al Ayuntamiento «la cantidad máxima permitida en conceptos de imprevistos», a la que suma las labores efectuadas por bomberos, servicios forestales, apoyo jurídico y técnico, o el de los servicios sociales, que los ondarroarras financian con sus impuestos.

Hasta el propio lehendakari se refirió a través de las redes sociales al resultado de la reunión y a la creación del «grupo técnico de trabajo», que no acaba de despejar las incógnitas abiertas y menos la implicación real de las instituciones gobernadas por el PNV ante la petición de ayuda por parte del Consistorio en manos de EH Bildu.