Es conocida la propuesta que Arnaldo Otegi trasladó a PNV, Podemos y a la mayoría sindical vasca para lograr «acuerdos de país» en torno a tres ejes: blindar derechos sociales, culminar la pacificación y lograr el reconocimiento como país y el derecho a decidir. Iñigo Urkullu la despachó ayer planteando que «el PNV no quiere frentes». En general, el tono de la comparecencia de Urkullu merece comentario aparte, porque o ha perdido totalmente el temple exigible a su cargo o el cálculo electoral le empuja a polarizar y a aparecer desabrido. Pero su idea del frentismo requiere un mínimo análisis, porque altera lo sostenido por los jelkides y presupone una categoría retorcida que distorsiona la realidad social vasca.

En su origen, la negativa a establecer frentes puede tener sentido si responde a las lecciones extraídas de las experiencias de Lizarra-Garazi y del Plan Ibarretxe. En este contexto, el frentismo se refiere a establecer dos partes segregadas «étnicamente», por así decirlo, donde unos se identifican claramente con ser vascos y otros con ser españoles –nacionalistas de uno y otro lado, si se prefiere–. Dada la pluralidad vasca, se puede convenir en que es mejor y más eficaz situar el debate en derechos y proyectos, en clave de ciudadanía y democracia. Aunque cabe recordar que el PNV no rehuyó participar de otros frentes, como el que respondía a la falsa dicotomía «demócratas y violentos», con todas las rupturas sociales y violaciones de derechos que ese marco supuso (leyes excepcionales, ilegalizaciones, torturas…). Sí, mejor no caer de nuevo en eso.

Pero calificar como «frente» a acuerdos políticos entre PNV, EH Bildu y Podemos para defender ante Madrid los derechos de la ciudadanía vasca es falaz. ¿Qué puede ser más plural en este país hoy por hoy que un acuerdo así? Y claro que hay que hablar con todos. Lo que no se puede aceptar es el veto que propugnan PP y PSOE. Si no, el PNV corre el riesgo de hacer frente con los unionistas por esquivar a la mayoría social y política, plural, del país.