El presidente brasileño, Michel Temer, prometió bloquear la amnistía a los miembros del Congreso por actos de corrupción que el Parlamento brasileño debatió el pasado jueves, en un intento por apaciguar la indignación por una serie de escándalos que amenazan su Gobierno. El descontento popular aumentó cuando los diputados fueron acusados de querer aprobar una «autoamnistía» que perdone los delitos de «Caja B» –donaciones no declaradas ante la justicia electoral que suelen usarse para lavar dinero de la corrupción–, un intento en el que tuvieron que dar marcha atrás. En una inusual rueda de prensa el domingo, flanqueado por los presidentes de la Cámara de diputados y del Senado, Temer intentó calmar a la opinión pública afirmando que «sería imposible para el presidente de la República aprobar algo así de forma natural. Todos estamos de acuerdo en que no existe la menor base legal» para este texto. El clima político en Brasil es muy tenso, con varios miembros del Congreso sospechosos de haber recibido sobornos, en la misma Cámara que aprobó al destitución de la expresidenta Dilma Rousseff por maquillar las cuentas públicas.

Además, decenas de ejecutivos de la constructora Odebrecht –que pagó sobornos millonarios para obtener contratos sobrefacturados con Petrobras– han anunciado importantes confesiones a la Fiscalía a cambio de reducciones de penas. Podrían implicar a hasta unos 150 políticos.

La «autoamnistía» afectaría seriamente las investigaciones de los desvíos multimillonarios en Petrobras, según denunciaron jueces y fiscales.

El presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, aplazó la votación sobre la medida para hoy, mientras Temer puso el foco en la votación sobre el proyecto para limitar el gasto público durante 20 años, la primera de una serie de reformas de austeridad, que implicará recortes en seguridad social, pensiones y otras áreas sensibles políticamente, lo cual ya despertó la furia de la población, que el domingo salió nuevamente a las calles a protestar, con decenas de miles de personas en las protestas.

En un episodio que acentuó aún más la crisis, Temer perdió el viernes a su sexto ministro, tras ser acusado de un tráfico de influencias que involucra al propio presidente.