El Estado vuelve a prohibir los planes de la Generalitat para celebrar una consulta en 2017. En realidad, se daba por hecho el veto, por lo que la decisión del Tribunal Constitucional español de aceptar el recurso de Madrid contra la resolución del Parlament que sentaba las bases para poner las urnas se ciñe a mero trámite. La Generalitat, en boca de su conseller de Justicia, Carles Mundó, calificó de «gravísima» la decisión. Falta por ver cuál es la respuesta en términos prácticos, después de más de un año en el que el Alto Tribunal ha vetado sistemáticamente las leyes del Parlament enmarcadas en el proceso soberanista.

El pasado 6 de octubre, el Parlament aprobó, con los votos de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, una resolución que fijaba una nueva hoja de ruta soberanista, con un referéndum «vinculante», con o sin aval del Estado, como muy tarde para septiembre de 2017. El Estado, a través del TC, veta la resolución y vuelve a poner el foco sobre los representantes del Govern y el Parlament. De hecho, no solo insta a la paralización de un posible referéndum sino que reclama que sean notificados directamente tanto el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, como los miembros de su Ejecutivo, así como los principales integrantes de la mesa de la Cámara. Se trata del mismo mecanismo empleado hace meses contra el debate sobre la independencia que ha terminado con la jefa de la Cámara, Carme Forcadell, citada ante el Tribunal de Justicia de Catalunya el próximo 16 de setiembre. De hecho, la resolución advierte de las posibles consecuencias penales de tratar de eludir el veto.

Reacción en el Principat

A pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado una estrategia de diálogo con Catalunya, la decisión del TC vuelve a ubicar la disputa en término de legitimidad y soberanía. Por eso, los miembros de Junts Pel Sí, la coalición que sostiene el Govern, así como de la CUP, negaron la legitimidad del Estado para prohibir la colocación de urnas.

Jordi Turull, integrante de JxS, insistió en que se mantiene el compromiso de convocar el referéndum, por lo que no se «distraerán« con sentencias del TC. En la misma línea se mostró ERC, que recordó que «seguiremos adelante, nadie detendrá nuestras ansias de libertad», según un mensaje colgado en Twitter. También la CUP rehusó el veto pero aprovechó para recordar a la Generalitat que existe un «compromiso explícito» para que los Mossos o las autoridades del Principat no vayan de la mano del Código Penal o el mandato de la audiencia.

«Yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que el cuerpo de Mossos d'Esquadra, tal como define la ley que los regula, estará siempre al lado del pueblo de Catalunya, al lado de sus instituciones democráticas y de la legalidad vigente en Catalunya. No tengo ninguna duda de que será lo que harán siempre los Mossos, que actuarán siempre de acuerdo con la ley vigente en Catalunya, para hacerla cumplir», afirmó Jordi Jané, conseller de Interior. Ahora la clave está en saber de qué manera la Generalitat vehiculará el referéndum, planteado para el próximo año.

El veto y la amenaza de sanciones no es nuevo, ya que se ha producido ante cada propuesta aprobada en el Parlament siguiendo el mandato soberanista del 27 de setiembre. A la espera de la declaración de Forcadell, falta por ver hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado y cómo responderá la Generalitat.

Un «no» a las urnas también desde el Congreso español

PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron ayer en el pleno del Congreso español una propuesta del PDECat para que la creación de una comisión parlamentaria que estudie la convocatoria de un referéndum pactado en Catalunya. Al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional vetaba su celebración en caso de que se celebrase a instancias del Parlament, tres de los cuatro grandes partidos españoles se atrincheraban en el rechazo a las urnas desde Madrid. Ocurrió durante el debate de una moción consecuencia de la interpelación urgente de hace unos días sobre las respuestas del Gobierno español a los 46 temas planteados el 20 de abril por el presidente catalán, Carles Puigdemont, al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que se votará hoy y será rechazada con la oposición de PP, PSOE y C's. El portavoz del PDECat, Francesc Homs, reclamó desde la tribuna la creación en la Cámara Baja de una comisión de trabajo para abordar un diagnóstico «contrastado» sobre el cumplimiento y desarrollo de la autonomía catalana en los últimos diez años y la posibilidad de celebrar un referéndum pactado. No tuvo margen. Tanto PP como PSOE y Ciudadanos, cada uno con sus matices, se atrincheraron en el rechazo a la consulta catalana. ERC terminó absteniéndose, considerando que se trata de una fase superada y que solo debe abordarse en clave de Estado a Estado. GARA