Tres muertos –uno de ellos un policía– y más de 600 detenidos han dejado por ahora las protestas iniciadas hace seis días en México por el alza de los combustibles, en las que el descontento ha dado paso a saqueos y al temor a actos vandálicos, amplificado por las redes sociales. Aunque la situación parece más calmada, la alerta continúa y miles de comercios permanecen cerrados.

El 1 de enero entró en vigor el incremento de hasta el 20,1% en el precio de la gasolina y del 16,5% en el caso del diesel, popularmente conocido como «gasolinazo», lo que generó protestas que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. Formaciones políticas, organizaciones sociales, agrupaciones de transportistas y sindicatos llaman a la población a seguir movilizándose pacíficamente.

Los críticos enmarcan el «gasolinazo» en la reforma energética de 2014, una liberalización gradual de precios que debía empezar a aplicarse en 2018 pero el Gobierno ha adelantado un año. Sin embargo, el Ejecutivo negó que se debiera a esa reforma y argumentó que la medida responde al incremento en cerca de un 60% en el precio del petróleo en los mercados internacionales y es necesaria para la estabilidad de la economía del país. Y aseguró que «no recibirá ni un centavo más de impuestos de este incremento», y que antes de tomar la medida se recortó el gasto gubernamental.

El propio Enrique Peña Nieto afirmó que no aumentar el precio de los combustibles hubiera implicado un gasto de más de 200.000 millones de pesos (9.328 millones de dólares), equivalente a suspender por cuatro meses todas las actividades del Seguro Social o interrumpir por dos años el programa Prospera, o cancelar por tres años el Seguro Popular, como si los programas sociales fueran lo único que puede sacrificarse para mantener precios aceptables.

Los analistas coinciden en que el «gasolinazo» afectará el nivel de vida de los mexicanos y tendrá efecto en 22 millones de niños pobres en el país porque provocará, entre otras cosas, un incremento del trabajo infantil.