Lakua y EH Bildu ven positivo que Madrid no recurra la Ley Municipal
El Gobierno de Lakua calificó de «importante» el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Madrid que evita que este recurra la Ley Municipal ante el Tribunal Constitucional, lo que conllevaría la suspensión de varios artículos. EH Bildu fue informada ayer de los términos del acuerdo y consideró «una buena noticia» que la ley no se toque. Sin embargo, criticó que decisiones mayoritarias del Parlamento de Gasteiz queden al albur de los intereses tácticos del PP.

El Gobierno de Lakua oficializó ayer la existencia de un acuerdo con el Ejecutivo español sobre la interpretación a dar a doce artículos de la Ley Municipal que el Gabinete de Mariano Rajoy había amenazado con recurrir ante el Tribunal Constitucional, lo que supondría, cuando menos, su suspensión temporal. La legislación permite esta vía de consenso previo para evitar llegar al TC.
El portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, calificó de «importante» el acuerdo, porque «evita la judicialización de esta ley que completa el proceso de institucionalización interno de Euskadi». Además, «disipará definitivamente la posibilidad de suspensión de una de las leyes más importantes aprobadas por el Parlamento Vasco la pasada legislatura, una ley necesaria que define y clarifica, por primera vez, las competencias municipales y procura su adecuada financiación».
Representantes del Ejecutivo de Urkullu informaron en la mañana de ayer a EH Bildu de los términos del acuerdo, ya que la ley fue aprobada al final de la pasada legislatura con los votos del PNV y de la coalición independentista. EH Bildu considera que es «una buena noticia» que la interpretación pactada de los artículos en discusión garantice que los contenidos de la ley no se van a modificar.
Doce artículos
El Gobierno español había amenazado con recurrir doce artículos de la ley referidos al uso del euskara en los ayuntamientos, a la organización interna y publicidad activa de los acuerdos municipales, y a la participación ciudadana en los asuntos municipales a través de las consultas populares. El plazo para hacer efectivo el recurso finalizaba el próximo sábado.
El pasado 20 de diciembre se reunió la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones para tratar de evitar la presentación de cuatro recursos y el de la Ley Municipal fue el único en el que se produjeron avances sustanciales. Equipos de Madrid y Lakua han estado trabajando en ello, y finalmente este lunes, tras un encuentro entre Josu Erkoreka y Soraya Sáenz de Santamaría, el acuerdo se dio ya por cerrado.
Denuncia de EH Bildu
Aunque mostró su satisfacción porque finalmente la ley no se vaya a tocar, EH Bildu declaró ayer que no se puede permitir que decisiones tomadas mayoritaria y democráticamente en el Parlamento de Gasteiz deban después «pasar una segunda reválida en Madrid». También denunció que el PP presente o retire recursos que afectan a leyes vascas en función de que tenga o no mayoría absoluta o necesite o no determinados apoyos.
Una vez más, EH Bildu insistió en la necesidad de «actuar en clave de país para hacer frente a los ataques contra las decisiones tomadas en este pueblo». Sostiene que «el juego que propone el Estado español» es perjudicial porque «nos obliga a negociar según los intereses políticos de algunos lo que ya nos corresponde como pueblo». La coalición invita, por tanto, «a superar esos viejos esquemas y a articular las mayorías políticas y sociales existentes».
La ley de drogodependencias sigue bajo amenaza
Al mismo tiempo que anunciaba el acuerdo sobre la Ley Municipal, Josu Erkoreka informaba que no ha sido posible seguir la misma vía en la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencia. Madrid insiste en recurrir los artículos relativos a las «entidades de personas consumidoras de cannabis» y a los «clubes privados de personas fumadoras». El plazo para la presentación del recurso finaliza este viernes y ambas administraciones están intercambiando documentación, según explicó ayer el portavoz gubernamental. En su opinión, todavía hay tiempo para el acuerdo.
El Gobierno español también tiene bajo amenaza de recurso la ley de víctimas del Estado y la que regula la Iniciativa Legislativa Popular, pero en este caso los plazos para la formalización de los trámites ante el Tribunal Constitucional no son tan perentorios.
Además, el Ejecutivo de Rajoy tiene recurridas ante el TSJPV otras decisiones autonómicas, como la OPE de la Ertzaintza, donde no es posible esta vía de acuerdo.I.I.

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