La investigación del «caso Bidegi» se reinició ayer en Azpeitia con la declaración como testigo de Santiago García Salvador, representante de la contructora Dragados que en 2008 dio a entender en una comunicación interna que los presupuestos de la AP1 se iban improvisando sobre la marcha («la cuenta tonta» lo llamó) y dijo que había sido emplazado a hablar del tema «con los políticos». Ante el juez, García Salvador no negó ayer este email y confirmó que se había reunido con Borja Jáuregui, entonces director general de Bidegi y ya fallecido.

En su descargo, alegó que dejó de ejercer esa responsabilidad en la obra poco después, en enero de 2009 (el mensaje investigado es de julio de 2008); por tanto, dos años y medio antes de la precipitada liquidación final que ha dado pie a estas querellas por supuesto pago por obras no realizadas.

Esgrimió también que la expresión «revisión de precios» (que consta en el email y no estaba permitida en ese procedimiento) es meramente «coloquial» y lo que planteaba la UTE era solo «actualizar los precios». «La cuenta tonta nos salió 120 millones de euros», escribe García en ese sospechoso mensaje.