El sindicato LAB registró ayer siete iniciativas, entre ellas crear una comisión de investigación en el Parlamento navarro para «dirimir responsabilidades políticas», tras conocer diversas informaciones publicadas sobre el dinero público destinado a UGT, CCOO y la patronal CEN.

Esas medidas, según indicó Igor Arroyo, portavoz del sindicato abertzale en Nafarroa, guardan «relación» con la «gravedad» de las informaciones y se dirigen al SNE, al departamento de Desarrollo Económico y al Parlamento.

Como recordó, la denuncia no es nueva; se remonta años atrás. «Se ha tratado de un diálogo social basado en la compra de la voluntad de UGT y CCOO por parte del Gobierno y, en este caso, la compra ha sido prácticamente literal», dijo. Agregó que serán los jueces los quienes «deberán decir si hay cuestiones que son ilegales dentro de todas esas actuaciones o no» pero, en su opinión, son «cuestiones claramente ilegítimas».

Este extremo fue rechazado horas después por el vicepresidente del Gobierno navarro, Miguel Laparra. Aunque asumió que «puede parecer más o menos ético», por ejemplo, que parte de los fondos se destinara a retribuciones de dirigentes de estas organizaciones, insistió en que, con los datos disponibles, «no hay ilegalidad».

Laparra destacó que lo que sí ha existido ha sido una posición «crítica» con estos convenios por parte del Gobierno que preside Uxue Barkos y esto les ha llevado a «eliminarlos prácticamente en su totalidad». Quedan vigentes, según puntualizó a continuación, 800.000 euros de los 10 millones del pasado por compromisos ya adquiridos con anterioridad para 2017, y de igual forma se han eliminado otros 2 millones para medio ambiente, igualdad y salud laboral, y 900.000 euros más del Consejo de Diálogo Social. Laparra quiso así diferenciar entre «la crítica política» y las irregularidades.

Política de subcontratación

No obstante, LAB considera que, aunque han «desaparecido los convenios nominativos» a UGT y CCOO, se sigue «manteniendo una política de subcontratación de todas las actividades de orientación laboral y formación», por lo que, advirtió, esos sindicatos pueden «optar» a la gestión de esas actividades. Así, LAB propone que, hasta que no se resuelva el expediente administrativo, el Gobierno de Nafarroa suspenda «cualquier nueva adjudicación» de programas públicos a las citadas centrales sindicales.

Asimismo, propone crear una comisión específica para desarrollar un plan para una red pública de formación y orientación laboral con el fin de «terminar» con la política de subcontratación.