El convenio del sector del vino caduca en dos meses y la mayoría sindical, formada por LAB y ELA, no descarta movilizaciones y paros si no se alcanza un acuerdo con la patronal. «Hemos tenido paciencia en las vendimias y en la campaña de Navidad, pero el 31 de marzo termina la vigencia del convenio», destaca, en declaraciones a GARA, José Antonio Garrido, Biki, responsable de LAB en Arabako Errioxa, quien anuncia que la próxima reunión con la parte empresarial tendrá lugar la tercera semana de este mes, previsiblemente el 14 de febrero.

En la misma se tratará la propuesta presentada por ELA y LAB el pasado 5 de diciembre al SEA. Las centrales plantean un incremento salarial del IPC real del año más el 2%, «garantizando el 2% para cada año de vigencia, teniendo en cuenta que si el IPC fuese negativo se consideraría valor cero». Además, reclaman que ningún trabajador del sector perciba menos de 1.000 euros netos mensuales. «Hay tres categorías que no alcanzan los 1.000 euros al mes, pero parece que ha habido un movimiento y están dispuestos a aceptar esta medida», señala. Y explica que otro de los temas a negociar en la reunión será la inaplicación, un punto que LAB y ELA quieren que desaparezca. «Si no se quita no firmaremos el convenio», advierte Garrido, que censura el silencio que ha mantenido el SEA durante los últimos meses.

Posible competencia desleal

Mientras el SEA guardaba silencio, LAB y ELA protagonizaron diferentes movilizaciones, como la que tuvo lugar el pasado 22 de enero en Oion, cuando un nutrido grupo de trabajadores se concentró tras una pancarta en la que se podía leer “Un convenio digno para el sector vinícolas”. La protesta coincidió con una recepción institucional en la casa consistorial, a la que asistieron la teniente de diputada general, Pila r García de Salazar, el diputado de Agricultura, Eduardo Aguinaco, y el presidente de las Juntas Generales de Araba, Pedro Elosegi. Los trabajadores les entregaron un documento en el que denunciaban la actitud de los bodegueros.

Cabe destacar que, si el 31 de marzo no se firma un nuevo convenio, las condiciones laborales de las personas contratadas a partir de esa fechas pasarían a estar reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, lo que repercutiría en los salarios. «Se daría una doble escala salarial, lo que podría derivar en competencia desleal entre los propios bodegueros», subraya el responsable de LAB, que dentro de dos semanas tendrá que pelear con la parte empresarial y con el resto de sindicatos para lograr un acuerdo que beneficie a más de 800 trabajadores.