Dos años y medio de cárcel para Fernando Sota y otros dos años para Oier Araiz y Gorka Labat. Esta es la petición formulada por el fiscal de la Audiencia Nacional española José Perals durante el juicio contra tres vecinos de Tafalla a quienes acusa de participar en un brindis a favor de los familiares de los presos.

La petición del ministerio público eleva en medio año lo solicitado previamente para Sota. Para ello argumenta su «reincidencia». El vecino de Tafalla fue encarcelado en 2014 para cumplir un año de condena después de ser sentenciado por «enaltecimiento del terrorismo» tras ser acusado de colocar fotografías de represaliados como Inés del Río, que en el momento en el que la imagen fue exhibida llevaba ya varios años de más en prisión, tal y como se demostró en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando puso fin a la denominada «doctrina Parot».

Denunciar la dispersión

Durante la vista oral, que tuvo lugar ayer, los tres acusados asumieron haber participado en el brindis aunque recordaron que no se trataba de un acto para «enaltecer el terrorismo», sino que buscaba denunciar la dispersión y mostrar apoyo a los familiares de los presos vascos.

Ni Guardia Civil ni fiscal aceptan esta versión, ya que ellos insisten en la teoría del «enaltecimiento». El representante del ministerio público llegó a asegurar que la mera mención del término «refugiados» podía ser punible ya que se trata de «personas que huyen de la justicia». La última palabra la tienen ahora los tres magistrados de la sección cuarta la audiencia nacional, que son los que dictan sentencia.