Iruñea busca romper el candado de la amnistía de 1977 interponiendo este viernes una querella para que se investiguen los crímenes contra la Humanidad que han constatado que tuvieron lugar en la ciudad. Esta denuncia exige que se busque a los autores de las 309 muertes violentas que se han acreditado en la ciudad, así como investigar más de mil encarcelamientos injustificados y torturas.

El alcalde de Iruñea, Joseba Asiron, calificó ayer como «brutal» el nivel de represión, de agresiones y de privación de derechos que se ha vivido en la ciudad. «El silencio y la impunidad solo perpetúan el castigo», señaló Asiron, que definió la querella como «una demanda social de las víctimas y los colectivos memorialistas».

Finalmente –y tras recabar cientos de testimonios a través de una oficina creada a tal efecto con el apoyo del departamento de Historia de la UPNA– la querella se centra en 17 casos de vulneración de derechos a personas concretas. Cuatro de estas personas (o sus familiares) se suman a la iniciativa a título personal. La querella se presentará ante el juzgado de guardia de la ciudad, pues los casos se dieron en su jurisdicción

El criterio para elegir estos 17 casos ha sido dispar. De una parte, se ha intentado que representen a la represión sufrida en las diferentes etapas del franquismo. Asimismo, se han priorizado los casos sobre los que existe más documentación, a criterio tanto de los expertos historiadores que encabeza Emilio Majuelo como de la abogada que llevará adelante la denuncia, Lourdes Etxeberria. También se han señalado casos significativos, como el de los nueve concejales de Iruñea fusilados tras el golpe de estado.

Etxeberria ha explicado cuál es su estrategia para intentar tumbar la Ley de Amnistía, con la que el Estado blindó a los criminales del aparato franquista. Por un lado, la iniciativa se basa en el derecho internacional y tiene el caso del procesamiento del militar argentino Adolfo Scilingo como precedente. Por el otro, la abogada sostiene que la Amnistía, en todo caso, sirve para anular las condenas, pero no significa que el crimen no se deba investigar y determinar quiénes fueron sus autores.

Iruñea es la primera ciudad del Estado en llevar a cabo esta iniciativa, respaldada por acuerdos del pleno. Asimismo, la capital navarra ha impulsado querellas similares en Gasteiz, Barcelona, Madrid, A Coruña, Cádiz y Rivas.