Como viene ocurriendo sistemáticamente con las iniciativas de los presos vascos, el Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso de amparo del prisionero de Soraluze Sabin Mendizabal contra el rechazo a su petición de traslado a una cárcel vasca, denegada primero por Instituciones Penitenciarias, luego por el Juzgado Central de Vigilancia y más tarde por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero este caso reviste dos novedades: la decisión la firma el Pleno del TC, adonde se ha llevado el debate, y cuenta con un voto particular discrepante de tres jueces que reivindican reforzar el derecho de los prisioneros a estar junto a sus familias.

Se trata de los «progresistas» Adela Asúa (vicepresidenta del máximo tribunal español), Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés. En contra se situaron los otros ocho magistrados del Pleno, por lo que su posición sigue siendo claramente minoritaria.

Inciden estos jueces en que el alejamiento provoca «una lesión del derecho a la intimidad familiar», recogido tanto en la Constitución como en las normas europeas. Y citan las sentencias de Estrasburgo sobre casos de Rusia, Ucrania o Italia.

En el recurso analizado, correspondiente a Sabin Mendizabal (preso que no forma parte de EPPK), la mayoría del Constitucional da por bueno su encarcelamiento en Valladolid, a 400 kilómetros, mencionando que ya recibe visitas de los familiares más directos y que si bien sus abuelos no pueden acudir allí por edad y salud, «no se trata de parientes de primer grado, por lo que la afectación a la vida familliar no es tan intensa».

Frente a ello, estos tres jueces críticos sostienen que «atendiendo a la regulación de los regímenes de visita –que se limitan a comunicaciones mediante locutorio los fines de semana, con una duración de 40 minutos, o a comunicaciones vis a vis de convivencia familiar y de allegados una vez al mes, con una duración de entre una y tres horas y un máximo de 4 visitantes–, puesto en relación con la distancia por recorrer –que sería de 800 kilómetros de ida y vuelta–, la edad de los familiares y su situación sanitaria, hay que concluir que concurren una serie de circunstancias que suponen objetivamente dificultar el contacto del recurrente con allegados familiares en línea directa, que por tanto pertenecen a un círculo de vinculación muy cercano, incidiendo de ese modo en el núcleo esencia del derecho a la intimidad familiar».

En general, estos tres jueces consideran que es necesario «reconsiderar la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la intimidad familiar para evitar las paradojas de su contenido». Como ejemplo extremo de esas incongruencias, Asúa, Xiol y Valdés recuerdan que el TC ha reconocido a unos padres presos el derecho a disponer de los restos de un feto de 22 semanas de gestación producto de una interrupción voluntaria del embarazo a fin de proceder a su incineración, y que por contra no se estima el derecho de prisioneros a estar cerca de sus familiares vivos.

Afirman que este fallo y otros «ponen de manifiesto que hace ya tiempo que se ha iniciado una transición hacia una confluencia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [Estrasburgo] y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Luxemburgo] en relación con el ámbito de aplicación del derecho a la vida familiar». Y añaden que «la jurisprudencia constitucional no puede mantenerse por más tiempo atrincherada en una comprensión de la intimidad familiar que ya no responde a los parámetros impuestos por la evolución de la realidad social».

«Inconcebible»

Tras aludir a sentencias de Europa invocadas constantemente por los detractores del alejamiento (Rodzevillo contra Ucrania, de 2016, o Khodorkovsky y Lebedev contra Rusia, de 2013), este voto particular concluye que «debe tenerse en cuenta el interés de los presos en mantener al menos algunos lazos familiares y sociales». «Es inconcebible que queden privados de todos sus derechos simplemente por su condición de personas condenadas a una pena privativa de libertad», añade.

También inciden estos tres magistrados en señalar la discrecionalidad absoluta y la falta de justificación que subyace en la política de alejamiento. En referencia al caso concreto de este prisionero de Soraluze, remarcan que «las razones para denegar el acercamiento del recurrente no han versado ni sobre razones de organización penitenciaria, ni sobre razones de tratamiento, ni sobre razones regimentales».

«Stop», mensaje de Etxerat tras el tercer accidente de este año

El lunes fueron Iruñea y Gasteiz, y ayer tanto en Bilbo como en Donostia se realizaron concentraciones de familiares y personas solidarias, a convocatoria de Etxerat, para denunciar la ruleta rusa de la dispersión.

El lema «Stop» sobresalió en las protestas, convocadas tras producirse el tercer accidente de allegados o amigos que acuden o retornan de las prisiones en lo que va de año. Esta vez fueron dos amigos del preso de Ondarroa Asier Badiola quienes sufrieron un accidente de chapa en Valencia, cuando estaban a punto de llegar a la cárcel de Picassent. Sufrieron contusiones. Además los daños en el vehículo les impidieron seguir viaje en él.

«Con este nuevo siniestro, se elevan a nueve los familiares y allegados de presas y presos políticos vascos que han sufrido accidentes cuando iban o volvían de las visitas –recordó Etxerat el sábado en una nota–. Etxerat denuncia que un fin de semana tras otro, desde hace 28 años, cientos de ciudadanos vascos se enfrentan a los riesgos impuestos por la dispersión y a los costes físicos, síquicos y económicos exigidos para poder ejercer el derecho a las visitas. La asociación quiere recordar que esta situación arroja un balance de 16 fallecidos».

Junto a ello, el lunes hubo concentraciones por los derechos de los presos vascos en Gernika (se reunieron 26 personas), Iurreta (35), Altza (11), Otxarkoaga (14), Euba (6), Ataun (22), Zaldibia (17), Iruñea (32), Astrabudua (16) y Laudio (38). GARA

URKULLU ETA SARE, GAIXORIK DIREN PRESOAK MINTZAGAI

Bilera egin dute Sareko ordezkariek (irudian Luis Galdos, Inaxio Oiarzabal eta Joseba Azkarraga) eta Iñigo Urkullu EAEko lehendakariak, Jonan Fernandez Bake eta Elkarbizitza idazkaria lagun zutelarik. Sarek jakinarazi duenez, larriki gaixorik diren euskal presoen egoeraz hitz egin dute bereziki: «Gero eta gehiago dira, eta gaixotasun larriagoekin gainera, eta beharrezkoa dute beraien askatasuna lortu, behar bezala tratatuak izan daitezen, kartzelaren ingurunetik kanpo». Apirilaren 8rako Gasteizen deitu den manifestazioa ekarri dute gogora: bertakoa da minbizia duela eta kezka handia eragiten duen Oier Gomez Mielgo.

Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

SANITARIOS POR OIER GOMEZ, EN DONOSTIA

Las movilizaciones promovidas por el movimiento Sare para exigir la liberación de Oier Gómez Mielgo, el preso gasteiztarra enfermo de cáncer y cuya situación preocupa, se pusieron en marcha ayer con esta concentración realizada ante la entrada principal del Hospital Donostia. Los profesionales del ámbito sanitario vuelven así a movilizarse en defensa de la salud de los prisioneros enfermos, como ya hicieron ante la manifestación del pasado mes de octubre en la capital guipuzcoana.