El Gabinete de Iñigo Urkullu implantará un sistema de reconocimiento basado en la huella digital para identificar a usuarios y trabajadores de Lanbide. Esta idea ya fue defendida hace años por el exalcalde de Gasteiz Javier Maroto, que apostaba por implantar la huella digital para controlar a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos.

En una rueda de prensa, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha explicado que, «con esta medida, se pretende garantizar que todas las personas usuarias de Lanbide, y no solo las perceptoras de la RGI y PCV –Prestación Complementaria de Vivienda–, cuenten con un sistema de identificación garantizado».

La puesta en marcha de este sistema arrancará a finales de julio, en una oficina piloto, «y una vez valorada su implantación extenderemos este proyecto al resto de las oficinas de Lanbide a lo largo del año».

Esta idea se incluye en una batería de medidas presentada por la consejera para «actualizar y mejorar la gestión de Lanbide». «Se trata de iniciativas que facilitarán la tramitación, agilizarán las gestiones y limitarán los hipotéticos casos de fraude», destacó, pese a que insistió en que estos casos han sido «muy pocos gracias al control».

En este sentido, cabe señalar que el curso pasado se detectó fraude en el 0,3% de los expedientes y «uso inadecuado» en el 0,6%. Sin embargo, Lakua insiste en adoptar nuevas medidas, entre las que figura la creación de un grupo antifraude y un nuevo protocolo de actuación en coordinación con las policías locales para comprobar que los perceptores residen donde declaran hacerlo. Además, quiere lograr una mayor coordinación con la Tesorería de la Seguridad Social para acreditar las altas en actividad laboral, una medida con la que quiere reducir los cobros indebidos.

Respuesta de la oposición

EH Bildu criticó el uso de la huella digital para identificar a las personas usuarias de Lanbide. La parlamentaria Nerea Kortajarena, que ha solicitado la comparecencia de Artolazabal en la Cámara de Gasteiz, denunció que «de esa manera el Gobierno vasco desenfoca el debate político sobre la RGI y contribuye de forma irresponsable a alimentar la campaña de criminalización y estigmatización de quienes perciben la RGI».

Desde Elkarrekin Podemos, Tinixara Guanche reprochó al Ejecutivo autonómico su «deriva escandalosa» hacia las tesis del PP al centrar sus reformas en la lucha contra el fraude, en lugar de introducir mejoras en las prestaciones sociales.

También el PP censuró al Gobierno de Gasteiz al considerar que las medidas anunciadas por la consejera «llegan tarde y son insuficientes». «El Gobierno vasco ha perdido dos años con su inacción y ahora no le ha quedado otro remedio que rendirse a la realidad de alarmantes casos de fraude», subrayó la parlamentaria Laura Garrido.