La Organización de Estados Americanos (OEA) se preparaba ayer para iniciar la sesión sobre Venezuela, a pesar de que Bolivia, que preside este organismo, la había suspendido.

La sesión fue convocada el pasado viernes a solicitud de veinte países y bajo la presidencia de Belice, con la intención de votar una resolución en la que se declara que en Venezuela hay «una alteración inconstitucional del orden democrático». Pero ayer el turno había pasado a Bolivia, que decidió suspender la reunión.

Sin embargo, los países que intentan condenar al Gobierno venezolano siguieron adelante. Sin el presidente (Bolivia) ni el vicepresidente (Haití), transmitieron sus funciones al embajador con más antigüedad en la organización, Leónidas Rosa Bautista, de Honduras.

El asesor jurídico Jean Michel Arrighi defendió la legalidad de la sesión al estar presentes un tercio de los 35 Estados miembros (es decir, al menos 12). El embajador de México, Luis Alfonso de Alba, y el representante colombiano, Andrés González, justificaron también la convocatoria y criticaron la suspensión.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay declararon el sábado en una reunión de Mercosur que en Venezuela hay una «ruptura del orden constitucional» y una «intromisión sistemática» por parte del Tribunal Supremo en el Parlamento, por la suspensión de los poderes del Legislativo, una medida que ha sido revocada.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, publicó ayer un escrito oficial en el que exige a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que «se retracte públicamente» por sus acusaciones de colaboración entre la Cancillería uruguaya y el Departamento de Estado de Estados Unidos en este asunto.

Por otro lado, el Parlamento venezolano anunció ayer que intentará remover a los magistrados que componen el Supremo, para lo que precisa dos tercios de la Cámara y que el Poder Ciudadano califique sus faltas como graves.