El día esperado desde hace varios meses por los allegados de José Miguel Etxeberria «Naparra» ha llegado. Hoy mismo, a partir de las 9.30 aproximadamente, está previsto que se proceda a levantar la tierra en una zona bien delimitada entre Brocas y Labrit, donde el testimonio de una fuente anónima ligada al terrorismo de Estado asegura que fue enterrado este militante de los Comandos Autónomos Anticapitalistas desaparecido el 11 de junio de 1980.

Se trata de un robledal ubicado junto a la carretera entre ambas localidades –la D651, entre los kilómetros 53 y 54– y situado a unos 25 kilómetros al norte de Mont de Marsan. Varias de las reivindicaciones emitidas en los meses posteriores a la desaparición, generalmente en nombre del Batallón Vasco-Español, ya ubicaban el cadáver en la zona de las Landas.

El Juzgado de Mont de Marsan recibió ya en diciembre pasado la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional española para actuar en la zona. Se suponía que ello se haría de modo inminente dado que enseguida se encomendó el trabajo a una unidad especial de búsquedas de la Gendarmería de Pau, pero al final la jueza de Mont de Marsan Solenne Motyl ha dejado pasar casi cuatro meses, lo que da pie a pensar que quizás se haya procedido a realizar algunas comprobaciones previas.

Teniente coronel al frente

Estas posibles indagaciones preliminares se añadirían al informe elaborado por el forense donostiarra Paco Etxeberria en base a una inspección ocular de la zona, en el que se concedía credibilidad al enterramiento. Este diagnóstico fue entregado a la Audiencia Nacional desde el primer momento.

Tras el análisis de los datos actuales y anteriores, también el abogado de la familia Etxeberria Álvarez, Iñigo Iruin, estima altamente veraz el testimonio de esa fuente oculta. Y otro tanto hizo la Audiencia Nacional al tramitar el asunto con celeridad y aceptando todas las diligencias planteadas por la familia en los últimos meses del pasado año. De ello se encargó Ismael Moreno, el mismo juez que en 2003 archivó el caso al no advertir modo de esclarecerlo. En cualquier caso, la querella presentada entonces por la familia ha terminado resultando decisiva para que el asunto no prescribiera y se pudiera reactivar ahora. En el Estado francés, donde los plazos legales son distintos, la desaparición fue declarada prescrita desde 1992.

La responsabilidad máxima de esta intervención ha sido encomendada a un alto cargo de la Gendarmería: el teniente coronel Laurent Lesaffre, que actuará en condición de comandante de la sección de búsquedas de Pau. En cuanto a la participación de Etxeberria, fue autorizada por la Audiencia Nacional.

En caso de que en el lugar aparecieran restos humanos, faltaría proceder a la confirmación plena de que pertenecen a «Naparra». José Miguel Etxeberria apenas tenía 22 años cuando se le vio por última vez en Donibane Lohizune (su vehículo apareció posteriormente abandonado en Ziburu, pero no hubo más pistas sólidas sobre su paradero hasta el momento).

Para proceder a la identificación, habría que practicar análisis de ADN. Sus padres ya aportaron sus perfiles genéticos hace tiempo (el aita, Patxi, falleció en 2006, mientras la ama, Celes, aún vive y prestó un emotivo testimonio a la ONU hace un par de años). En consecuencia, todo se encuentra listo también para este trámite, que habitualmente requiere unas semanas de tiempo.

El caso de «Naparra» es uno de los tres aún no esclarecidos de militantes vascos desaparecidos en acciones que parecen ser de guerra sucia, junto al de Eduardo Moreno Bergaretxe «Pertur» (1976) y al de Jean-Louis «Popo» Larre (1983).