Un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) será imputado por su presunta responsabilidad en la muerte de Jairo Ortiz, muerto la noche del jueves en una manifestación a las afueras de Caracas, informó la Fiscalía, que explicó que Ortiz «recibió un disparo que le ocasionó la muerte» cuando «estaba en una manifestación» en el municipio Carrizal y llegaron a la zona miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la PNB.

El gobernador del estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, señaló que la muerte de Ortiz ocurrió «por órdenes» del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, «que obliga a comandantes de la Guardia a reprimir sin importar vidas».

Precisamente ayer, Capriles informó de que ha sido inhabilitado por un periodo de 15 años sin ofrecer detalles. La Contraloría General le estaba investigando por irregularidades administrativas durante su gestión como gobernador.

Durante los violentos disturbios que siguieron a las protestas antigubernamentales en Caracas se registraron 19 heridos. Los opositores se manifestaron también en otras ocho ciudades del interior del país para respaldar a la Asamblea Nacional en su intento de revocar a siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

La Fuerza Armada de Venezuela destituyó ayer a 30 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada) por haber irrumpido el miércoles en la céntrica Universidad de Carabobo «violando la autonomía universitarias» y «sin las debidas autorizaciones», algo que está «terminantemente prohibido». La rectora, Jessy Divo, denunció que los agentes no salvaguardaron a los estudiantes, que se manifestaban para apoyar a la Asamblea Nacional, a quienes, dijo dispararon «sin ningún tipo de escrúpulo».

Según denunció el presidente del Supremo, Maikel Moreno, en el estado de Carabobo jueces y fiscales fueron agredidos en la noche del jueves por manifestantes armados con «bates, piedras y bombas molotov».

Dos días después de que la Asamblea Nacional activara el proceso para revocar a siete magistrados del Supremo, el Poder Ciudadano –integrado por la Fiscalía, la Contraloría y el Defensor del Pueblo– consideró improcedente la solicitud de la oposición para que esta institución considere que los jueces han cometido una falta grave al asumir las funciones del Legislativo, aval necesario para que la Asamblea inicie el proceso.