El ministro español de Fomento, Iñigo de la Serna, informó ayer de que ya está en marcha el procedimiento para la aprobación del laudo de arbitraje obligatorio en relación al conflicto laboral que mantienen los trabajadores de seguridad de el aero- puerto de El Prat. Además, reiteró que se va a incrementar la presencia de la Guardia Civil para «garantizar que no se produce un problema de seguridad y orden público» y que «la decisión de unos pocos, no afecta negativamente a millones de españoles y turistas».

Los trabajadores decidieron ayer en asamblea mantener la huelga indefinida convocada a partir de hoy. Era la segunda convocatoria del comité de huelga para debatir y votar la propuesta de la Generalitat, que recoge un incremento salarial de 200 euros en doce pagas y que fue ya rechazada el jueves.

La Delegación del Gobierno español en Catalunya ha decretado unos servicios mínimos del 90%.

El abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, acusado al Govern de atribuirse una función de «arbitraje» que no le corresponde –y que ayer dijo que esa labor de mediación ha acabado– y denunció la «arrogancia» de De la Serna, «absolutamente incompatible con principios básicos del derecho democrático» al amenazar con el laudo arbitral. A su juicio, «no se dan las condiciones» para un arbitraje obligatorio «mientras no se quiebren los servicios mínimos», que calificó de «abusivo».

A su juicio, este arbitraje obligatorio se impondría en virtud de «una ley franquista» desautorizada por sentencias del Tribunal Constitucional. Y advirtió de que pretender «sustituir» a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil «sería absolutamente ilegal» y negó que existan problemas de seguridad aeroportuaria.

UGT mostró su solidaridad a los trabajadores en huelga en El Prat «por haber soportado estoicamente las presiones de Fomento pretendiendo responsabilizar a los vigilantes de una situación donde el máximo culpable es el Gobierno del PP».