El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha dado la razón a cinco trabajadoras de un supermercado de Barcelona que fueron despedidas después de que la empresa descubriera que robaban en el establecimiento gracias a cámaras ocultas, porque éstas se colocaron sin que ellas lo supieran y, por tanto, se violó su derecho a la privacidad. Además, obliga al Estado español a indemnizar con 4.500 euros a cada una por daños y prejuicios.

Las cinco solicitantes de amparo trabajaban como cajeras en una cadena de supermercados familiar y sabían que se instalaron cámaras en la tienda para investigar posibles robos después de que el gerente notara algunas irregularidades entre los niveles de existencias y lo que realmente se vendía. De otras cámaras, cuya ubicación no era visible por haberse instalado en lugares ocultos, no se les informó.

Vídeos y coacción

En junio de 2009 todas los trabajadoras sospechosas de robo fueron llamadas a reuniones individuales, en las que se les mostraron los vídeos en los que aparecían ayudando a clientes y a otros compañeros a robar artículos y robando ellas mismas. Tras admitir su participación en los robos, fueron despedidas por razones disciplinarias.

Aunque todas acudieron a la legislación laboral para impugnar los despidos al considerar vulnerada su intimidad, tres firmaron un acuerdo en el que reconocían su participación en los robos y se comprometían a no presentar queja a cambio de que su jefe no las denunciara. Luego denunciaron que esos acuerdos con el empresario fueron firmados bajo coacciones ante las evidencias que mostraban los vídeos.