La oposición hondureña convocó ayer protestas para «derrotar la dictatura» tras la constitución del Parlamento, reiterar su denuncia de fraude en las pasadas elecciones presidenciales del 26 de noviembre y mostrar de nuevo su rechazo el nombramiento de Juan Orlando Hernández como presidente tras las irregularidades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el recuento de los votos. El excandidato presidencial Salvador Nasralla había llamado a impedir la constitución del Parlamento y mañana la toma de posesión de Hernández, que no acudió al acto de ayer, para un segundo mandato. Los 30 diputados de la bancada del principal partido de la oposición, Libertad y Refundación (Libre), llegaron con pancartas protestando contra el fraude del 26 de noviembre de 2017 y coreando consignas como «Fuera JOH» (Juan Orlando Hernández).

La asunción de los 128 diputados coincidió con la denuncia de un «pacto de impunidad» por parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos, contra el Legislativo.

A la toma de posesión del Parlamento antecedió la elección de las juntas directivas provisional y en propiedad, celebradas el domingo y martes, en las que se impuso el gubernamental Partido Nacional, que a sus 61 representantes sumó otros seis de tres partidos minoritarios.

Los tres principales partidos de oposición –Libre, Liberal e Innovación y Unidad Social Demócrata– no participaron en la votación. Libre denunció que en ambas elecciones no se le permitió presentar una lista de candidatos.

«Pacto de impunidad»

La Maccih denunció ayer que el Parlamento aprobó un «pacto de impunidad» tras la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto con el fin de frenar las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, indicó su portavoz, Juan Jiménez.

Añadió que el pasado día 18 el Parlamento reformó dos artículos de la citada ley para establecer un «nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales», que incluye «los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y organizaciones no gubernamentales».

El Parlamento rechazó ayer la denuncia, calificándola de «aseveraciones malintencionadas» de Jiménez.