El problema pendiente del retorno de los exiliados políticos vascos abrió la segunda sesión del IV Foro Social. Y en ella, tras oír a Jon Irazola describir la situación en nombre del Colectivo (EIPK), el irlandés Michael Culbert se sinceró: «Cuando vengo aquí y escucho vuestras historias, vuestra relación con la Policía, nuestro problema parece insignificante, me siento muy humilde. Respecto a lo que acabo de oír, parece que la situación en Irlanda era buena».

Efectivamente, dentro de los acuerdos de paz allí se alcanzó una fórmula interesante para resolver la cuestión de quienes habían escapado de la represión política. Cada persona exiliada podía contactar con un «intermediario», siempre una persona de referencia en su comunidad, que a su vez consultaba con la Policía británica para saber si tenía causas pendientes. En el caso de que estuviera «limpio», recibía una carta oficial que servía de salvoconducto para volver a casa, aunque sabiendo que si en el futuro aparecían pruebas contra él podrían usarse en un juicio.

¿Y qué ocurría con quienes sí tenían causas pendientes? En sus manos quedaba la decisión de retornar o no. Si lo hacían, se arriesgaban a pasar un tope de dos años en prisión, no más. El procedimiento ha funcionado, aunque «todavía existen personas huidas, porque no confían en el sistema, o porque no quieren pasar dos años en la cárcel, o porque han hecho una nueva vida en su destino… Es su elección», concluyó Culbert.

En términos históricos, el exilio ha sido un fenómeno tan potente en Irlanda como en Euskal Herria (se calculan aquí unos 2.500 afectados desde los años 60 a la actualidad). La diferencia estriba en las dificultades para cerrar esta etapa.

75 fallecidos lejos

Irazola reveló que tras el retorno de unos 130 desde 2013 hasta hoy, quedan fuera «entre 85 y 100» exiliados, la mayoría por encima de los 60 años de edad y más de una decena de casos con enfermedades graves. Se les suman catorce personas aún deportadas. El balance histórico es dramático: diez fallecieron en la deportación, 25 en el exilio por enfermedad, 40 murieron en acciones de guerra sucia, 162 fueron extraditados, 376 entregados de policía a policía, 106 vía euroorden...

Volver a casa mediante la hoja de ruta marcada en Biarritz en 2013 es su deseo y también su apuesta política, pero se topan con tres dificultades principales: la cerrazón de la Audiencia Nacional, que no facilita información sobre los sumarios y les reta a presentarse ante el tribunal, «lo que sería entregarnos»; los plazos de prescripción que se alargan y alargan «artificialmente» convirtiendo su exilio en una especie de cadena perpetua; y la persistencia de sumarios basados en la tortura, una situación que EIPK cree que debe revisarse ya tras el clarificador informe de Lakua («hay que anular los procedimientos contaminados por la tortura», subrayó Irazola).

Marcó una doble vía de solución. Muchos casos se podrían solucionar simplemente con la aplicación de la ley actual sin excepcionalidades añadidas para los vascos, pero para otros «hay que adaptar las leyes a la realidad, hay que hacer Justicia Transicional». Jon Irazola contempla la opción de que «algún día consigamos un acuerdo con los gobiernos», pero sin esperar a ello «hay cosas que ya se pueden adelantar» y es ahí donde toma valor la disposición de las personas exiliadas a ir dando pasos. Destacó aquí Irazola que con los 130 retornos producidos en este último lustro «hemos ganado espacios de libertad»&flexSpace;y se fortalece además la labor de información y búsqueda de soluciones para quienes todavía no pueden regresar.

París, ¿voluntad política?

En la misma mesa redonda, la abogada Maritxu Paulus-Basurko desarrolló la situación en el Estado francés, primero repasando la evolución histórica desde los años 70 hasta la actualidad y después deteniéndose en las posibilidades actuales. Diferenció dos bloques marcados. Por un lado, las decisiones administrativas (por ejemplo, asignaciones), que dependen del Gobierno francés –sobre todo del Ministerio del Interior–, y por tanto tendrían solución sencilla si existe voluntad política para ello. Y por otro, las decisiones judiciales, un espacio «más complicado porque los jueces no tienen en cuenta la nueva realidad, siempre están con el discurso antiguo».

Sin ocultar ninguna de las dificultades, tras recordar el terrible punto de inflexión de los 80 –cuando los vascos pasaron de tener estatuto de refugiados a ser víctimas de los GAL, la expulsión de urgencia o la deportación–, Paulus-Basurko citó algunas mejoras muy paulatinas desde 2003. Entre ellas está la decisión francesa de no colaborar con la tortura española, con aquellas entregas de policía a policía. Pero sigue faltando sellar esta fase y ese el reto.

Homenaje a las víctimas

Entre las dos mesas redondas, el Foro Social Permanente hizo un homenaje a todas las víctimas del conflicto. Teresa Toda y Nazario Oleaga las destacaron en su alocución, en la que recordaron su forma de hacer: escuchar estas aportaciones de expertos, definir propuestas y buscar luego acuerdos «lo más transversales posibles». Es lo que hicieron en materia de presos, «con un recorrido interesante», y ahora con exiliados y deportados.

 

Deportación, tres décadas de «secuestro» y «olvido» que aún atrapan a catorce vascos

Si la dura realidad de los exiliados ha sido a veces minusvalorada en Euskal Herria con el tópico falso del «este se ha librado» (lo remarcó Jon Irazola), la de los deportados se topa con el olvido... o con algo peor. «Vivimos como reyes», escuchó Bixen Mujika al llegar a Cabo Verde, donde había sido enviado su compañero Juanra Aranburu. Pronto vio que solo estaban edulcorando una existencia dura y absurda: «Lo primero que me sorprendió fue ver que aquello era un desierto, y pensé ‘pero, ¿qué hacen aquí nuestros militantes?’».

Eugenio Etxebeste pasó primero por la República Dominicana, luego por Ecuador, más tarde por Argelia (como interlocutor de ETA), de nuevo a Santo Domingo…. Trece años en total sin una personalidad jurídica, sin libertad de circulación, sin opción de tener un trabajo, con micrófonos ocultos en la casa, «soportando arbitrariedades e incluso robos» salvo en la fase de Argel... «Los olvidados de la tierra» fue el titular que dejó en una entrevista para ‘Egin’. La misma palabra que usó Mujika, sentada a su lado: «Los deportados son los más olvidados de los olvidados».

Su caso es muy ilustrativo y tiene un tremendo final. Aranburu murió ahogado en el mar, en una zona de corrientes que desconocían, en 1989, e incluso la recuperación primero y repatriación del cuerpo luego fueron una odisea. Pasó una semana hasta que pudieron retornar a Ordizia; el cuerpo tuvo que ser envuelto en kilos y kilos de cal para evitar su deterioro.

Antes, en vida, la pareja y su hijo recién nacido ya habían sufrido los problemas para comunicarse («todavía no existía internet, las llamadas telefónicas eran muy caras, la prensa llegaba a los meses»...), la nostalgia, la falta de trabajo, la alimentación precaria, las enfermedades del lugar, el problema del idioma, etcétera. «No te puedes integrar en un país en el que estás de modo impuesto», escuchó Bixen primero y confirmó después.

«Solo te salva la solidaridad de y con tu familia, la solidaridad de y con el pueblo vasco», concluyó «Antton». Cree llegada la hora de dejar de hablar de deportación porque lo considera un término eufemístico: «En realidad es internamiento, confinamiento, secuestro», subrayó.

Desde su experiencia como abogado, Castells puso el foco sobre la inseguridad total que han atravesado estas personas (Irazola cifró su número total en unos 70). Remarcó que los sitios a que fueron deportadas constituían «sistemas faltos de garantías y además muy inestables» y que su situación era de «sin papeles».

El ejemplo más claro lo encuentra Castells en lo ocurrido con los vascos en Panamá al producirse la invasión yanqui (1989): «Si no hubiera sido por monseñor Laboa, que los acogió en la Nunciatura, habrían desaparecido con toda seguridad, los habrían matado, porque eran ‘sin papeles’ y además con el sambenito de ‘terroristas’». Pese a la evidente seriedad del tema, Miguel Castells hizo reír al auditorio cuando apuntó que la precaria situación de los deportados aconsejaba siempre buscar apoyo de lo que llamó cariñosamente «la mafia vasca, nuestra derecha, vosotros ya me entendéis».

Para el veterano letrado, hay que reivindicar a los deportados como víctimas con todos sus derechos, aunque ve mucho más difícil lograr hacerles justicia algún día en los tribunales porque «todo aquello se hacía ‘en b’, no está documentado». Sí quiso dejar muy claro que en cada deportación hay tres países responsables: el Estado francés, desde donde se producían; el de destino, porque era allí donde se materializa el confinamiento; y el español, que en el fondo era quien decidía quién, cuándo y adónde. Castells estima que había un cálculo de fondo en Madrid para tomar estas decisiones. Al preguntarle por qué algunos eran deportados y otros abatidos por los GAL, respondió que «yo creo que sí, que intentaban seleccionar, pero eran muy tontos, hacían las cosas muy mal».

Etxebeste remarcó que esta «campana de cristal» en la que malvivió trece años en distintos países de diferentes continentes tiene una caracterización política clara: «Ha habido una indefensión absoluta, pasando por encima de la Justicia y de sus leyes. Los deportados hemos sido rehenes políticos». Quiso denunciar, en este punto, que entidades como ACNUR «se hayan tapado los oídos» ante la realidad de los vascos. Una realidad que, aunque parezca pasado, todavía es presente para catorce conciudadanos.R.S.

REFLEXIONES: algunas vías de solución

«En nuestros acuerdos, el exiliado podía acudir a un intermediario que iba a la Policía a consultar su caso»
MICHAEL CULBERT
Director de Coiste (Irlanda)

«Las decisiones administrativas dependen solo del Gobierno francés, la voluntad política bastaría»
MARITXU PAULUS-BASURKO
Abogada en el Estado francés

«Hay que anular los procesos contaminados por la tortura, el informe de Lakua no puede quedar ahí»
JON IRAZOLA
Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboa (EIPK)