El caso Weinstein vive un determinante episodio tras el anuncio por parte del fiscal general del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, de una demanda presentada contra The Weinstein Company y su matriz, The Weinstein Company Holdings (TWC), así como contra los hermanos Harvey y Robert Weinstein, alegando que no protegieron a sus empleados del acoso sexual, la intimidación y discriminación por parte del entonces consejero delegado de la firma, Harvey Weinstein, y para que «cualquier potencial venta de la empresa garantice que las víctimas serán compensadas».

En su demanda ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York, el fiscal general afirma que dicha medida se sustenta en las «gravísimas violaciones del código de derechos civiles del Estado de Nueva York, de los derechos humanos, así como de las leyes mercantiles, incluyendo las declaraciones de numerosos empleados víctimas de acoso sexual, intimidación y discriminación». 

Schneiderman pone de manifiesto que «a pesar de las numerosas quejas al Departamento de Recursos Humanos de TWC y el extendido conocimiento entre la dirección de la empresa de la mala conducta, los ejecutivos y el consejo de TWC fallaron de forma repartida a la hora de adoptar medidas significativas para proteger a los trabajadores o frenar la conducta de Harvey Weinstein».

«Harvey Weinstein –añade la demanda– requería que los asistentes ejecutivos le programaran y le ayudaran a organizar encuentros sexuales –o potencialmente sexuales– e incluso les ordenaba que prácticamente acosaran a las mujeres que se negaban o expresaban su reticencia a aceptar “reunirse” con Harvey Weinstein». La Fiscalía deja en suspenso la potencial venta de la empresa por más de 400 millones de euros.